Una vez pasado el peligro, conviene reparar en las paradojas de nuestro país, mediterráneo y descentralizado, en las de su gobernanza frente a las llamas y humaredas. El 70% de las actuaciones del gigante de las emergencias civiles, la UME, una idea del leonés Rodríguez Zapatero, persisten desde el 2005 en despliegues antincendios que, en las temporadas nefastas de 2022 o de agosto pasado, moviliza a batallones enteros.
Un helicóptero suelta agua sobre el fuego, a 26 de agosto de 2025, en Covas, Lugo,
El año en que se rozó el medio millón de hectáreas calcinadas, 1985, fue el del traspaso general de las competencias de gestión de los montes a las autonomías; ahora se cumplen 40 años de la transferencia del sector forestal. En ese mismo año cundió la preocupación por los incendios y el Senado acertó a emitir sendos informes, no de parte, aprobados por la gran mayoría. Cuando el Congreso reabra sus puertas la próxima semana, encontrará un balance de la situación preparado por su Oficina de Ciencia y Tecnología. Dado que la recuperación de un gran incendio se mide por un par de legislaturas, poca garantía habrá de mantener un pacto de Estado, mientras el Parlamento no se sienta partícipe del acuerdo.
Poca garantía habrá de mantener un pacto de Estado si el Parlamento no se siente partícipe
Parece como que el actual régimen de incendios fuerce a la recentralización; la civil Tragsa hubo de emplear en el noroeste a todos sus operarios, incluso venidos de Canarias. Pero la Administración General del Estado, que reserva cerca de la mitad del presupuesto de sus planes forestales a la coordinación territorial ante la emergencia, no atiende a cooperar en la gestión del bosque, siquiera de las zonas de alto riesgo. La administración del fuego española es una organización de vigilancia y control… que carece de mapas de los enclaves estratégicos, donde frenar esos grandes incendios que cruzan ríos y autovías.
El año de la transferencia era presidente Felipe González. A décadas del primer plan forestal del 2002, etapa de José María Aznar, seguimos sin identificar al 70% de los propietarios de las pequeñas fincas, el interlocutor indispensable de un sector minifundista, cuya madera no se aprovecha mas que en un 30%. Sin dar salida a la economía del monte, los presupuestos de extinción y las ayudas por siniestro superarán de largo a los siempre más baratos de mantenimiento y aprovechamiento de montes, eso sin contar el dióxido de carbono liberado en los incendios de estos sumideros naturales.
Suena extraño que el presidente actual solape con “la emergencia climática” otra preocupación más antigua y de claro diagnóstico compartido. La “crisis climática” es el atrapalotodo del que recelan los pocos que pastorean, cortan y viven del bosque, entre ellos bastantes de los 600 que el ministerio emplea como bomberos forestales, temerosos de nuevas regulaciones, aún experimentales. Mal comienzo para volver a una política forestal donde entenderse con los otros presidentes después del fuego.