El abogado general de la UE avala la retirada de la inmunidad europarlamentaria a Puigdemont

La cuestión catalana

En su opinión no vinculante, Szpunar también propone archivar el recurso del expresident y su exconsellera Clara Ponsatí porque ya no son eurodiputados

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El líder de JxCat, Carles Puigdemont, el martes frente a la delegación de Catalunya en Bruselas

SIMON WOHLFAHRT / AFP

El abogado general de la Unión Europea ha dado hoy su visto bueno a la retirada de la inmunidad parlamentaria a los políticos independentistas Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. En una opinión no vinculante –que podría no ser escuchada por el alto tribunal comunitario– el polaco Maciej Szpunar considera que la Eurocámara sí trató sus asuntos de forma imparcial y equitativa, y por lo tanto reclama al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que desestime todas las alegaciones formuladas contra la sentencia del Tribunal General, que concluyó que no se habían vulnerado sus derechos como diputados.

Además, el abogado general de la UE propone archivar el recurso de Puigdemont y Ponsatí sobre la inmunidad porque ya no son eurodiputados y considera que no tienen “interés”. Pese a esta consideración, sí se pronuncia sobre la demanda por la situación del también exconseller Toni Comín, que fue elegido eurodiputado de Junts en las últimas elecciones al Parlamento Europeo del año pasado, “a pesar de que su nombre no se incluyera en la lista de candidatos electos en España notificada al Parlamento”.

El letrado cree que el Parlamento Europeo actuó correctamente al retirarles la protección como pedía el Supremo

El caso se remite a la sentencia, recurrida por los tres líderes independentistas, del Tribunal General de la UE (TGUE) en julio del 2023. Entonces, esa corte consideró que dos años, en el 2021, antes el Parlamento Europeo había actuado correctamente al retirarles la protección como eurodiputados a petición del Tribunal Supremo español, que les quería juzgar por sedición, malversación y desobediencia por su papel en el referéndum del 1 de octubre del 2017.

Entonces, los tres impugnaron la sentencia del TGUE y la recurrieron ante el TJUE, que ahora se debe pronunciar, denunciando que se habían cometido varias irregularidades en el proceso. Estas irregularidades son las que ahora Szpunar desestima en su valoración como abogado general.

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El letrado, en su exposición de motivos, cree para empezar que el TGUE acertó al “concluir que no se había vulnerado el derecho de los diputados a que el Parlamento trate sus asuntos imparcial y equitativamente (en particular en lo referente al ponente único que se designó para los tres expedientes”. También opina que el TGUE “tampoco incurrió en error en la interpretación y aplicación de las normas relativas a la decisión de suspender la inmunidad parlamentaria ni en la apreciación del impacto de las decisiones del Parlamento en los derechos fundamentales de los diputados”. A su juicio, la corte estimó correctamente que la Eurocámara “no había incurrido en error manifiesto de apreciación al concluir que el proceso penal no tenía como objetivo perjudicar la actividad política de los diputados del Parlamento y, en consecuencia, la independencia del Parlamento”.

Por último, Szpunar propone que se desestime la alegación relativa a la falta de claridad de las decisiones del Parlamento. “En efecto, de dichas decisiones se desprende que la inmunidad de los diputados se suspendió en el territorio de todos los Estados miembros, con excepción del territorio español, y no exclusivamente en Bélgica y en el Reino Unido”, reza el comunicado de la institución.

La sentencia del TJUE no tiene por qué coincidir con la opinión del abogado general

En los próximos meses el TJUE debería emitir su propia sentencia, que no tiene por qué ir en la misma dirección que la opinión del abogado general. Aún así, como Puigdemont y Ponsatí ya no son eurodiputados, la decisión del TJUE sobre su suplicatorio no debería tener implicaciones en su situación judicial, cuando el Supremo sigue sin aplicar la amnistía a Puigdemont y Ponsatí ya regresó a Catalunya tras la derogación del delito de sedición. 

En cambio, Comín, que sigue en Bélgica, ha presentado un recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de haber declarado vacante su escaño tras las elecciones que se celebraron en junio del año pasado. Tras los comicios, Comín no fue a Madrid a jurar o prometer la Constitución española y, por esta razón, la Junta Electoral Central no lo incluyó en la lista de diputados electos que habían formalizado los trámites para asumir su acta.

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