El Tribunal Supremo recibe cada año denuncias y querellas contra políticos por parte de partidos contrarios o asociaciones instrumentalizadas como un campo de batalla paralelo al Parlamento.
Así lo constata la Fiscalía del Alto Tribunal que advierte que el pasado año entraron al órgano 78 denuncias o querellas contra aforados, en causas especiales, de las cuales 68 acabaron directamente en inadmisión a trámite o archivo. Las otras diez están en vías de tramitación. En caso especial es la querella interpuesta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, que lo revisa el Supremo por su aforamiento y que está a punto de ser enviado al banquillo de los acusados.
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Durante el año pasado fueron varias denuncias interpuestas por partidos, principalmente por Vox, y asociaciones como Hazte Oir o Manos Limpias contra miembros del Gobierno, todas ellas rechazadas de plano. Un ejemplo fue la que se interpuso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros por la fuga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el verano del pasado año cuando apareció en España fugazmente a pesar de pesar sobre él una orden de detención nacional.
El Supremo ya ha alertado en varias de sus resoluciones de la perversión del uso del sistema judicial por intereses políticos. La Sala de lo Penal se ha quejado de las denuncias y querellas “insólitas y descabelladas” que solo buscan la “criminalización de nuestro sistema político”.
Querellas contra dirigentes políticos por la gestión de la covid, por los indultos a los líderes independentistas catalanes, por la dana o por la amnistía son algunas de las que ha tenido que estudiar el Supremo.
A estos datos se añaden diligencias de investigación abiertas en la propia Fiscalía, recogidas en la memoria del 2024 presentada hoy por el fiscal general del Estado. El pasado año, el ministerio público ante el alto tribunal abrió 29 investigaciones a raíz de denuncias interpuestas en la sede del ministerio público.
El camino de estas fue similar a las querellas presentadas directamente ante el Supremo. Veinte de ellas acabaron en archivo porque había denuncias paralelas en el tribunal. Otras cuatro quedaron también archivadas porque iban dirigidas contra personas no aforadas y por tanto no había competencia para revisarlas. Otras dos, también archivadas porque un juez ordinario ya las tenía abiertas.
