El magistrado Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dado el último paso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha acordado la apertura de juicio oral, lo que significa que el número 1 de la Fiscalía irá ya seguro al banquillo de los acusados, ya que contra esta resolución no cabe recurso.
Hurtado considera que hay indicios suficientes para creer que García Ortiz reveló secretos al filtrar datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El siguiente paso es que la Sala de lo Penal conforme el tribunal que le va a enjuiciar y fije fecha para la vista. Fuentes jurídicas apuntan a que el juicio podría celebrarse este mismo otoño para fijar la sentencia antes de final de año.
García Ortiz queda oficialmente acusado de un delito de revelación de secretos, por lo que se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, tal y como solicita una de las acusaciones populares que actúan contra él. En este caso, la Fiscalía ya ha pedido el sobreseimiento y por tanto no actúa contra él.
El instructor le acusa de presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él por fraude fiscal.
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El instructor destaca en la resolución que procede acordar la apertura de juicio oral y tener por dirigida la acusación contra García Ortiz, por, “indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”.
García seguirá en el cargo de fiscal general
El magistrado rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, aunque remite su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.
García Ortiz ya ha dicho públicamente que va a seguir en el cargo de fiscal general del Estado porque a su juicio es la mejor manera de defender la institución porque él es inocente.
Cinco días para la fianza
En relación con las medidas cautelares reales, el magistrado fija una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.
El instructor señala la Sala de lo Penal como órgano competente para juzgar los hechos y concede un plazo de diez días al abogado del fiscal general del Estado para que presente su escrito de defensa, frente a las acusaciones ya formuladas.
En su resolución, el instructor enmarca el contexto en el que abre juicio oral al fiscal general, una vez que se han resuelto todos los recursos planteados en la instrucción y se han presentado los escritos de acusación.
El magistrado asume las correcciones que le hizo la Sala de Apelación cuando estimó parcialmente los recursos presentados contra su auto de pase a procedimiento abreviado y destaca la solidez indiciaria acumulada durante la investigación de los hechos, que ha sido ratificada por la Sala. Concretamente, el tribunal ordenó archivar la causa respecto de la segunda procesada, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez
En la resolución, explica que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 contenía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía,”.
Para Hurtado, García se saltó el deber de discreción al filtrar esos correos. “No es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”, destaca.
En cuestión el prestigio de la institución
Además, la filtración del correo, según Hurtado, “pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado”.
Añade que todo ello fue asumido por García Ortiz, desde el momento que, “a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como Fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida”.
