La Fiscalía de delitos económicos de Madrid, encargada del asunto que salpica a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en su favor y ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque la decisión del juez Juan Carlos Peinado de tenerla como investigada por un delito de malversación de caudales públicos, por el que el instructor quiere sentarla ante un jurado popular.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió una pieza separada por la contratación a través de Presidencia del Gobierno de una asesora para la mujer del presidente. Las sospechas del juez es que ésta hacía gestiones para los negocios privados de Gómez, excediéndose de sus labores propias de asesora, por lo que cobra un sueldo público.
El fiscal sostiene que Gómez no obtuvo ningún lucro por esas trabajos privados, centrados en su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, y señala que otras mujer de presidentes de otros gobiernos han tenido este tipo de asesores.
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En su escrito, el fiscal pone en duda toda la instrucción de Peinado y alerta que no existen indicios delictivos contra Gómez. No existe -a su juicio- “ni apropiación, ni indebida, ni ánimo de lucro”, en su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la creación de un software ni en las labores realizadas por su asesora.
”A lo sumo” -argumenta- podría haber una irregularidad administrativa porque fue Gómez quien firmó con la UCM el convenio para la creación de una cátedra extraordinaria, no teniendo ésta una titular específica para ello.
Respecto del software que se creó en la cátedra, el fiscal recuerda a la Audiencia Provincial que se pidió ayuda a empresas para su elaboración pero que no tenía lucro alguno porque de hecho está acordado que una vez desarrollado, como proyecto de la propia cátedra, su uso sería gratuito.
Respecto al presunto delito de usurpación que también le imputa Peinado, el fiscal recuerda que las cátedras extraordinarias pretenden atraer al ámbito universitario perfiles que no son propios de la universidad. Con éstas, la universidad se nutre de fondos privados y sirve para que los alumnos puedan contactar con empresas para futuros empleos.
El fiscal explica que hay cátedras universitarias de lo más “variopintas” como de estudios filipinos, tolerancia interreligiosa o salud sostenible, entre otras.
Para dirigir una de estas cátedras, además, no hay que ser catedrático ni funcionario de la universidad, por lo que la imputación que hizo Peinado al rector de la UCM fue “inmotivada y singular”.
Tampoco cree el representante del Ministerio Fiscal que existiese un lucro “sospechoso ni disparatado” por parte de Begoña Gómez con la UCM ya que en 10 años cobró 34.000 euros.
