El juez Juan Carlos Peinado sigue intentando atar el presunto delito de malversación de caudales públicos que imputa a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora Cristina Álvarez, y en un movimiento de última hora ha requerido al Instituto de Empresa que remita todos los correos electrónicos que se haya intercambiado con esta última.
El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid enviará esos correos a la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis para que se detalle qué trabajos realizada realmente Álvarez para la mujer del presidente. La tesis de Peinado es que se pagó desde Presidencia del Gobierno, con fondos públicos, una asesora a Gómez para que le ayudara con sus labores profesionales privadas, excediéndose de sus labores propias de la asesora de la mujer del jefe del Ejecutivo.
Lee también
Begoña Gómez fue contratada por el Instituto de Empresa para dirigir el África Center desde 2018. Peinado engloba esta labor dentro de su trayectoria profesional privada y por tanto no podría utilizar a Álvarez para estas gestiones.
El magistrado quiere avanzar la pieza sobre la malversación para poder concluirla lo antes posible y llevarla ante un tribunal de jurado, para que Gómez sea enjuiciada, según se les comunicó este sábado a las investigadas.
Peinado también ha reclamado a la Moncloa que envíe todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta oficial de Gómez, para que la UCO detalle exactamente el cruce de mails con Álvarez y determinar la naturaleza de su relación laboral. En su declaración en el juzgado, y a preguntas de su defensa, la mujer de Pedro Sánchez aclaró que Álvarez se limita a hacer las labores de asesora que vienen especificadas en el contrato, principalmente en la gestión de agenda, protocolo y seguridad. Sin embargo, reconoció que por su relación personal, de amigas, en alguna ocasión le había pedido algún favor en el envío esporádico de correos electrónicos.
Gestiones de la asesora con la UCM
La UCO ya ha analizado la primera tanda de correos reclamados, entre Álvarez y el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, donde la mujer de Sánchez codirigía una cátedra. Los investigadores han hallado 121 comunicaciones.
Según el informe, al que ha tenido acceso La Vanguardia -y con fecha de este sábado, mismo día que el juez había citado a Begoña Gómez-, “las comunicaciones versan, fundamentalmente, de asuntos vinculados a la cátedra dirigida por Gómez, así como de otros relativos a la relación genérica y eminentemente administrativa de Gómez con la UCM”.
La UCO sostiene que entre las diferentes gestiones en las que intercedería Álvarez destacan los contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra, según se desprende de las comunicaciones establecidas con Doadrio, en línea con su condición de vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM. Se trataría de empresas que ayudaría a la cátedra con patrocinios.
En los correos, también se desprende la gestión por parte de Álvarez de reuniones para la cátedra así como otras cuestiones más puntuales como, por ejemplo, la consulta acerca del límite salarial a personal no vinculado al sector público.
Próximas diligencias
Este sábado estaban citadas Gómez y Álvarez, además del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, los tres investigados en esta pieza. Ninguno de ellos se personó pero lo hicieron sus abogados en representación de ellos, amparándose en su derecho, y no deber, de comparecer para ser comunicados que el procedimiento se va a seguir en base a la ley del tribunal del jurado.
En aquella comparecencia, las defensas, junto a la Fiscalía, solicitaron el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares pidieron la práctica de nuevas diligencias, como la declaración como testigos del presidente Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Peinado deberá resolver todas las peticiones en los próximos días.
Por otro lado, la Intervención General del Estado (IGAE) ha entregado un informe a la Fiscalía Europea para advertir de las posibles irregularidades en la adjudicación con fondos europeos por parte de Red.es de un contrato a una empresa de Juan Carlos Barrabés, empresario relacionado con Begoña Gómez.
El máster que ésta codirigía en la UCM le firmó una carta de apoyo, junto con otras instituciones y empresas, para ayudarle en las valoraciones para la adjudicación. El técnico de Hacienda considera que hubo irregularidades en la mesa de contratación.
Además, señala que las cartas de apoyo “no solo han sido valoradas positivamente en la oferta de la UTE Innova Next y The Valley Digital Business School sino que, de la redacción de los informes de valoración se deduce claramente que no ofrecer dichas cartas de apoyo se considera algo negativo que el valorador considera conveniente resaltar en las valoraciones de las ofertas que no las han incluido”.
