El instructor del Tribunal Supremo que investiga el ‘caso Koldo’ Leopoldo Puente trabaja para cerrar una primera parte del caso y poder llevar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos al banquillo de los acusados por su presunta implicación en una trama de corrupción. Desde hace tiempo, el exsocialista busca la fórmula para evitar ese juicio, por lo menos a corto plazo, que podría llevarle a la cárcel.
Tras el reciente informe entregado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntala todavía más cómo Ábalos habría manejado grandes cantidades des dinero en efectivo -según la investigación-, la tensión ha vuelto a aflorar. Lo primero que hizo el magistrado tras recibir el atestado fue citar a declarar a Ábalos y a su exasesor Koldo García como investigados para hoy y mañana, respectivamente.
Lee también
Fuentes del entorno del exministro explican que éste teme que el juez pueda tomar alguna medida más restrictiva contra él, teniendo en cuenta que Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización del partido, se encuentra en prisión incondicional por estos mismos hechos.
Lo primero que ha hecho el exministro para ganar tiempo ha sido romper con su abogado defensor, alegando “deterioro irreversible” de la relación cliente-abogado. A pesar de que efectivamente han existido diferencias de criterio, el juez cree que se trata de un “fraude de ley” para aplazar la declaración de hoy.
Finalidades “espurias” y “dilatorias”
En un auto, el magistrado sostiene que la libre designación de letrado es un derecho “que no puede considerarse ilimitado” y por tanto no se puede admitir si detrás existen “finalidades espurias”.
Puente precisa que hay que tener en cuenta que en esta causa hay un preso, Santos Cerdán, por lo que no se puede consentir conductas “dilatorias” o en la que “únicamente puedan identificarse marcadores de un propósito encaminado llana y simplemente a entorpecer o perturbar el normal desarrollo del procedimiento”.
Ábalos podrá cambiar de abogado. Tiene tres días para hacerlo y si no se le podrá asignar uno de oficio. Pero a la declaración de hoy tendrá que ir y en caso de que la Fiscalía Anticorrupción o alguna de las acusaciones populares soliciten prisión para él, Puente deberá celebrar una ‘vistilla’ para decidir sobre su futuro. En todo caso, el magistrado debe valorar si existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o de destrucción o manipulación de pruebas.
El exsocialista busca desde hace meses una salida dado que su situación procesal empeora en la medida que avanza la investigación. En junio, su defensa le aconsejó pactar con la Fiscalía Anticorrupción, reconocer los hechos, y negociar una pena suave. Sin embargo, en el último momento, cuando debía acudir ante el juez a declarar Ábalos cambió de criterio y negó todas las acusaciones de corrupción.
Una semana después, Cerdán acababa en prisión ante la gravedad de los hechos y ante el riesgo de que pudiera manipular testigos. Todos ellos están investigados por utilizar el Ministerio de Transportes para beneficiar a ciertas empresas a cambio de ‘mordidas’.
Ábalos sería la cara visible del Ministerio y quien daría la órdenes a cargos inferiores para favorecer a una empresa concreta en detrimento de otra; Cerdán sería quien le apuntaría las empresas y quien después repartiría el dinero; y García sería el gestor del dinero ‘b’ de Ábalos, todo esto según la investigación, y que por ahora todos niegan.
El único que ha reconocido los hechos es uno de los corruptores, el empresario Víctor de Aldama, que logró su libertad después de reconocer que pagó a Ábalos y García dinero y otro tipo de prebendas a cambio de contratos.
En la Audiencia Nacional, el caso se alargaría años
El juez ya apuntó en una reciente resolución que está en vías de poder concluir una primera parte de la causa, la vinculada precisamente a los contratos a Aldama. De ahí que la tensión también vaya en aumento.
Está en manos de Ábalos el futuro más inmediato de la causa. Si renunciase a su escaño como diputado del grupo mixto, el Supremo perdería la competencia y la causa tendría que volver a la Audiencia Nacional, donde todavía hay una parte del asunto. El juez que lo instruye, Ismael Moreno, va más lento en el procedimiento al haber mas investigados y se prevé que en sus manos el asunto se ralentizaría.
En caso de enjuiciarse en el Supremo, la sentencia ya sería firme y por tanto en caso de condena, el cumplimiento sería inmediato. Sin embargo, en la Audiencia Nacional los plazos son más extensos. Primero, porque hay una media de retraso para la celebración de vistas orales de tres o cuatro años. Además, en caso de condena, todavía cabría recurso ante la Sala de Apelación y después otro ante el Supremo, lo que dilataría durante años su cumplimiento.
En este momento, este escenario viene bien a todos los encausados. Sin embargo, las defensas saben que si Puente acelera, dicta auto de procesamiento y apertura de juicio oral, la jurisprudencia marca que aunque se renuncie al acta de diputado, la competencia se queda en el Supremo. Es cuestión de plazos y tiempo.
