El juez Leopoldo Puente no ha enviado a José Luis Ábalos a prisión, pero no le faltan ganas. El miércoles, en el Tribunal Supremo, tuvo al exministro esperando durante cuatro horas el auto que le mantenía en libertad. Demasiado tiempo para que todo siga igual; el tiempo justo para añadir una coda a la resolución y provocar el enésimo choque entre el poder legislativo y el judicial. El juez del Supremo manifiesta su “estupor” por el hecho de que Ábalos se enfrente por la mañana a un posible encarcelamiento, y, por la tarde, disfrute en el Congreso de acta de diputado y se beneficie de las prerrogativas del cargo. Argumenta el juez que existen “consistentes indicios” de que el exministro podría haber cometido “muy graves delitos”, precisamente por el “viciado ejercicio de la función pública”: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Ábalos cobra 5.315 euros al mes, tiene despacho, plaza de parking, asistente designada por el Congreso y, ante todo, presunción de inocencia. El PSOE lo expulsó en junio, 16 meses después de abrirle un expediente, y, si fuera por el partido, no sería diputado. No obstante, en el sistema parlamentario, el acta es personal, aunque la elección de diputados sea a través de listas cerradas y bloqueadas. Así que el exministro sigue parapetado en el grupo mixto, junto a los cuatro diputados de Podemos y los de UPN, Nueva Canarias, BNG y Compromís. En el hemiciclo, ha pasado de la heroica defensa de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa a guardar silencio; no tiene turnos de intervención y se ha limitado a presentar una decena de preguntas escritas, alguna ligada a su causa judicial. El cartel de “salida” se cuela en el tiro de cámara de los fotógrafos cada vez que aparece.
Ábalos en dependencias del Congreso
El “estupor” del juez podría ser el estupor ciudadano, pero casa mal con la función del tribunal de hacer cumplir la ley, no de opinar sobre la misma. El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo explicaba hace unos días en La Vanguardia que “el juez no vive en una jaula de cristal. Si no tuviera ideas, no podría ejercer su función. El juez apolítico o aideológico es más peligroso, creo, porque puede ser más manipulable”. “La papeleta electoral, por así decirlo, se tiene que quedar en la puerta del tribunal, no entrar”, concluía. El juez Puente es el autor de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra la ley de Amnistía donde se calificaba el procés de “golpe de Estado” en una decena de ocasiones, después de haberlo descartado en la sentencia que condenó a los líderes independentistas. Calificaba de “grosera discriminación” la amnistía y bromeaba con el arrepentimiento de los amnistiados: “Es suficiente con que dejen de lanzar adoquines”. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso.
¿Se ha extralimitado ahora el juez Puente en su coda? Los letrados del Congreso se quejan de las recurrentes decisiones judiciales que atacan al poder legislativo. El artículo 21 del reglamento de la Cámara establece los supuestos para la suspensión de derecho y deberes de los diputados. El debate abierto por Puente es de ida y vuelta. El Supremo condenó al diputado canario Alberto Rodríguez y el TC le dio la razón dos años después de haber perdido el escaño. ¿No causa estupor?
El juez alimenta gratis la indignación ciudadana y obvia el porqué de la protección del legislativo
En su reflexión, el juez alimenta la indignación ciudadana y blande la bandera de la ejemplaridad. Obvia que las prerrogativas parlamentarias y las restricciones a la pérdida de derechos tienen una razón histórica: garantizar que el poder legislativo no puede alterarse a golpe de denuncias con objetivos políticos. Cuando hasta el Gobierno asume la existencia de lawfare y las andanadas judiciales de pseudosindicatos u organizaciones ultras se suceden, la protección de la voluntad popular es más importante que nunca. ¿Por qué el juez no interpela a la conciencia de Ábalos en lugar de a la del legislador? Santos Cerdán, imputado en la misma causa, renunció al escaño y está en prisión.
El Congreso ya tuvo diputados encarcelados. En mayo del 2019, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull fueron conducidos desde Soto del Real para participar en la sesión constitutiva de la XIII legislatura. El Supremo los condenó después por sedición y Puente los llama “golpistas”. Más estupor…
