“Con su permiso”. Con voz grave, hizo entrada el jefe de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la sala del Tribunal Supremo que está juzgando la supuesta revelación de secretos. El teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, entró junto a dos de sus agentes para defender sus informes que han servido para sentar en el banquillo de los acusados al número 1 de la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo (TS), que celebra la quinta jornada del juicio que se sigue contra él.
Muy serios y en guardia, los tres funcionarios eran conscientes que su declaración puede inclinar la balanza hacia una condena o una absolución. Balas iba con dos ideas claras que transmitir y así repitió en varias ocasiones: que el fiscal general tenía el “dominio a todos los niveles” de la información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y que solo se filtró la información sobre éste cuando todo estaba ya en poder de la Fiscalía General.
Fue la Fiscalía General del Estado la que recopiló el expediente tributario por el fraude fiscal del empresario, la denuncia de la Fiscalía contra él y los correos enviados entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal que le investigaba en los que el primero le proponía un pacto de conformidad. Y solo cuando la Fiscalía general tuvo la información salió publicada. Lo que los agentes de la UCO han llamado “concurrencia temporal”.
La defensa de García Ortiz ha lanzado reproches y acusaciones a los tres agentes que declaraban hoy como peritos. Una de ellas es porqué en sus informes no registraron que el correo filtrado y objeto de la acusación —el del 2 de febrero con la propuesta de conformidad del abogado de González Amador— fue enviado a un mail genérico de la Fiscalía al que tienen acceso 16 personas o que al expediente tributario podían haber accedido 600 personas.
La tesis de la Guardia Civil
Nada se había filtrado hasta que no estuvo en manos de la Fiscalía General del Estado
La UCO a esos datos no les dio relevancia porque para la policía judicial lo esencial era la “redundancia de indicios” que apuntaban al fiscal general. Es decir, nada se había filtrado —empezando por el expediente tributario y la denuncia publicada por El Diario— hasta que no estuvo en manos de la Fiscalía General.
Explicaron que en esta correlación de indicios se tuvo en cuenta que en estos mismos días, coincidentes con las publicaciones, hubo un mensaje entre varios fiscales que colaboraron en este asunto con el fiscal general y que decía “una vez analizado se da publicidad”, en relación a la documentación que lograron recopilar.
”Nos parece que para nosotros como policía judicial, había suficiente carga indiciaria” para pedir una serie de medidas al juez instructor respecto del fiscal general y no respecto de otras personas.
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El responsable de la UCO ha desmontado una de las líneas de defensa del fiscal general sobre que él no pudo filtrar el correo de marras porque antes de tenerlo ya lo había publicado La Sexta e incluso El País conocía de su existencia aunque no lo hubiese publicado.
De hecho, esa ha sido uno de los dardos de la abogada del Estado, Consuelo Castro. Por qué razón se había ocultado la información de la Sexta en sus informes, que demostrarían que el fiscal general no era el filtrador. “Vamos a ver...”, dijo contrariado el teniente coronel. “En el informe se hace referencia a aquellos artículos” en los que aparecen entrecomillados del correo. La Sexta no tenía el correo, según Balas, porque no tenían ningún entrecomillado del texto.
La Ser entrecomilló una palabra coincidente con el correo y que era “ciertamente”. La realidad es que en su informe apuntaba a párrafos coincidentes, expresión que aclaró y corrigió hoy. La expresión concretamente que venía en el correo era: “porque ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”.
En varios momentos de la intervención de los peritos se han escuchado murmullos en la sala, donde hoy se encontraba un nutrido grupo de fiscales que han acudido para arropar a García Ortiz. Hasta tal punto que el presidente del tribunal ha tenido que pedir que se abstengan de hacer comentarios de aprobación o desaprobación.
Fricción entre las acusaciones y la defensa
La llamada que realizó el periodista de la Ser antes de publicar la información
Otro de los puntos de fricción entre acusaciones y defensa es la llamada que realizó el periodista de la Ser poco antes de publicar la información sobre el correo. El redactor sostiene que intentó localizarle para confirmar la información pero que le saltó el buzón de voz, además de sostener que García Ortiz no fue su fuente. La defensa mantiene que esos 4 segundos que aparecen en el registro de llamadas es por el buzón. Los agentes lo desmienten. !Cuando no es atendida lo que aparece es cero segundos. Así aparece en todo el registro de llamadas. La única de 4 segundos es esta”.
La abogada del Estado intentó desmontar los informes de la UCO, acusándoles de investigaciones prospectivas y de ser “muy creativos” en la interpretación de los mensajes analizados. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. Llevo con investigaciones de este tipo desde 1995”. Y por esta experiencia, consideran de especial relevancia que García Ortiz cambiase de terminal telefónico y reseteara su teléfono siete días después de conocer que el Tribunal Supremo había abierto una causa penal contra él. A la semana siguiente, la UCO entraba en su despacho para hacer copia de todos sus dispositivos.
La Abogacía del Estado ha insistido mucho tanto a estos tres peritos como al resto de agentes de la UCO que declararon en la sesión de hoy sobre el volcado del teléfono. A pesar de que el juez instructor Ángel Hurtado limitó la copia a la información recogida entre los días 8 de marzo al 30 de octubre, los agentes hicieron un ·”volcado total”. Su explicación es que había una imposibilidad técnica. Para la Abogacía del Estado, puede haber una vulneración de derechos por desproporción de la medida.
La UCO cree que hay indicios suficientes que apuntan a García Ortiz que está al frente, tal y como han recordado, de una institución “jerarquizada”. La abogacía del Estado hace otra interpretación: “¿como es el fiscal general del Estado tiene que ser el filtrador?”.
