“La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Para Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, esta frase define lo que ha pasado en el asunto que le ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados. Estar tarde, después de cinco sesiones de juicio, se ha quitado la toga y se ha sentado ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que le enjuician.
Después de dar su versión sobre la filtración de un correo electrónico con datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concluyó su declaración con esta frase que le había dicho una persona del público, un dentista amigo de una de sus personas de máxima confianza que ha acudido, al igual que varios miembros de la Fiscalía, a apoyarle durante toda la vista oral, que arrancó el pasado lunes.
Después de pasar por el tribunal una cuarentena de testigos, era el turno de García Ortiz. Se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones, tanto la particular, que representa el abogado de Alberto González Amador -novio de Ayuso- como las acusaciones populares representadas por el Colegio de Abogados de Madrid y varias asociaciones. Considera que han tenido una posición “desleal” con la causa.
La teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, sólo le hizo dos preguntas. “¿Le ha hecho llegar algún correo a persona ajena a la Fiscalía?”. Respuesta: No. Y la segunda, que se ratifica en los declarado en fase de instrucción ante el juez Ángel Hurtado.
El interrogatorio de su defensa, guiado por el abogado del Estado Ignacio Ocio, fue una exposición de su postura exculpatoria. Durante una hora y media de preguntas, fue rebatiendo cada punto del que se le ha acusado, tanto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como por las acusaciones.
Él no filtró ninguna información a la prensa. Lo único que hizo fue que al tener conocimiento de que existía una denuncia de la Fiscalía contra el novio de la presidenta de Madrid por fraude fiscal, reclamó la denuncia, aunque para él era una “cuestión muy irrelevante”.
Dejó de ser irrelevante, cuando lo publicó El Diario unos días después de hacer él esa dación de cuentas. Tras darse a conocer la denuncia, comenzaron los bulos desde el entorno de Díaz Ayuso. Habló concretamente de lo que decía su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, contra la labor de la Fiscalía.
“Saltaron las alarmas”, cuando el 13 de marzo del 2024 El Mundo publica una noticia en la que se dice que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador,. “La noticia es extravagante. Ofrecer un pacto a una persona especial es algo extraño”, explicó para justificar porqué aquella noche, tras aquella publicación decide actuar.
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En aquella noticia se recoge entrecomillados de un correo del fiscal Julián Salto. Es entonces cuando García Ortiz reclama todas las comunicaciones entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso. “Aquella noche es dinámica”, subrayó. Acordó con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tomar cartas en el asunto. Ésta, que al final se ha convertido en uno de los testigos en su contra, ofreció inicialmente hacer una rueda de prensa, según la versión de García. “Decidimos que había que defender la actuación impecable de los fiscales”, ante el ataque sufrido desde el entorno de Ayuso y repicado por varios medios de comunicación.
García Ortiz reconoció en su declaración que al final se decidió hacer una nota de prensa y él asumió su autoría. La elaboró con su directora de comunicación. La noche del 13 quedó todo listo para que a primera hora de la mañana saliese la nota.
En ese espacio de tiempo, la cadena Ser publica un nuevo correo distinto al de El Mundo. Est4e concretamente, estaba fechado el 2 de febrero y en él el abogado ofrecía un acuerdo de conformidad a la Fiscalía, con el pago de una multa y el reconocimiento de dos delitos fiscales.
El periodista de esta radio aseguraba tener el correo. Su publicación es posterior a que el fiscal general recibiera este mismo correo. Pero él niega que fuera él quien lo filtrara, contrariamente a lo que defiende la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En los atestados policiales aparece que el redactor llamó aquella noche a García, en una llamada de 4 segundos. Tanto el periodista como el fiscal general mantienen que hubo una llamada que no fue atendida. “No mantuve ninguna conversación con Miguel Ángel Campos. He sabido que tuve una llamada de él al leer el atestado policial. En esos momentos estaba hablando con la fiscal jefe de Madrid, algo que viene recogido en el atestado pero que no han dicho aquí. Saltaría el buzón. No cojo llamadas desde que soy fiscal general porque me volvería loco”.
Evitar una “guerra”
García defendió que su única actuación en estos hechos fue ordenar elaborar una nota de prensa para defender a la Fiscalía. Que Lastra se negara luego a dar la nota de prensa, porque decía que era hacer el “ridículo” no tiene nada que ver con una posible filtración.
Después, que borrara sus conversaciones y correos y cambiara de terminal una semana después de conocer que el Supremo la investigaba nada tiene que ver, según él, con la posible ocultación de pruebas contra él. Sus razones son más terrenales, y es que borra su teléfono periódicamente por seguridad y cambia de teléfono una vez al año. “No tengo ningún dato de más de un mes en mi whatsapp”, por lo que cuando entró la UCO siete meses después de los hechos en busca de conversaciones para incriminarle, no iban a encontrar nada.
Para acabar, quiso contestar a lo declarado por González Amador, quien le acusó de “arruinarle la vida”. “No tenía ningún interés en perjudicar a González Amador. Mi obsesión era proteger a la Fiscalía”, señaló. Además explicó que en la nota se evitó poner “pareja de Ayuso” o que era una respuesta a ciertas declaraciones políticas, “porque no queríamos entrar en una guerra”. Al final hubo guerra y ha acabado con él en el banquillo.
