Sesión judicial para Leire Díez. La mujer conocida como la “fontanera” del PSOE ha acudido esta mañana a declarar como investigada por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante el juez titular del juzgado de instrucción número nueve de Madrid. La Fiscalía cree que maniobró para “neutralizar determinados procedimientos judiciales”. Le acompañaba el empresario Javier Pérez Dolset, que también está investigado en la causa.
La declaración se producía después de que la semana pasada trascendiesen dos grabaciones. La primera de una conversación presencial de tres horas de duración entre Díez y Pérez Dolset con el fiscal Ignacio Stampa, exfiscal de Anticorrupción y quien inició la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo. La segunda, una charla telefónica de 20 minutos entre Díez y Stampa.
Leire Díez (derecha) esta mañana a su llegada al juzgado
Diez ha pedido la nulidad de las grabaciones al considerar que “vulneran” su intimidad. “Las grabaciones efectuadas por el fiscal Stampa el 10 y 26 de marzo de 2025 son nulas de pleno derecho, por cuanto fueron realizadas por un funcionario público miembro del Ministerio Fiscal como parte de una supuesta investigación extraprocesal y prospectiva que este llevó a cabo sin auto habilitante, y con clara vulneración del derecho de los investigados a la intimidad, al secreto de las comunicaciones”, ha señalado la abogada de Díez en un escrito que ha presentado esta mañana ante el juzgado.
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El juez se propone reproducir ante los investigados la totalidad de las grabaciones, por lo que la jornada judicial podría alargarse. No obstante, algunas fuentes cercanas al interrogatorio indican que la grabación de tres horas podría no funcionar, lo que acortaría la declaración.
Díez ha acabado investigada por tres reuniones. En la primera, habría intentado “convencer al empresario -acusado en un asunto de hidrocarburos- Alejandro Hamlyn de que le facilitase información negativa acerca del jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO”, Antonio Balas, según la Fiscalía.
Díez no estuvo presente físicamente en la segunda de las reuniones, pero los investigadores creen que fue quien la ideó. Ocurrió el 27 de febrero. El fiscal de Anticorrupción José Grinda acudió a la llamada de un amigo, Pere Rusiñol, en el mercado Barceló de Madrid. Rusiñol entregó un papel a Grinda en el que se planteaba que si “facilitaba secretos supuestamente comprometedores de su jefe y archivaba siete causas -Pujol, 3%, ZED, Aiguas de Girona y otros- se le daría un destino en el extranjero” y otras ventajas. “Se añadía que el acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado”.
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Rusiñol declaró la semana pasada ante el juez y explicó que mantuvo una reunión con Grinda, “pero no para trasladarle ningún soborno, sino en calidad de periodista para intentar contrastar una información que le perjudicaba y que, al negármela, nunca publiqué”.
La tercera de las reuniones tuvo lugar el 7 de mayo y es la que el fiscal Stampa grabó. La Fiscalía considera que Díez puedo incurrir en una conducta delictiva en estos encuentros al “presentarse a sí misma como representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de los funcionarios de la Policía Judicial, concretamente a la UCO, o de la Fiscalía”.
