El Gobierno ha dado un nuevo paso en su agenda de memoria democrática al activar este martes el proceso para extinguir otras cuatro fundaciones franquistas—la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano— tras el paso dado el pasado 31 de octubre para eliminar la Fundación Nacional Francisco Franco. El ministro Ernest Urtasun lo ha comunicado durante su intervención en la Comisión de Cultura del Congreso, una sesión en la que además ha presentado su balance de media legislatura y ha anticipado la hoja de ruta de 2025.
La decisión se ha adoptado en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que establece que las entidades que ensalcen la dictadura o humillen a sus víctimas pueden ser disueltas. El ministro ha defendido que “un Gobierno democrático, digno de tal nombre, no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en este país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre”. Ha insistido en que el Ejecutivo debe exigir “verdad, reparación y justicia”.
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Fuentes del Ministerio de Cultura lamentan que en España “ha habido un sistemático menosprecio a las historias de las víctimas que minimiza el sufrimiento y el dolor que sufrieron”, pero confían en que este tipo de actuaciones permitan “acabar con una anomalía democrática que se debería haber resuelto hace 25 o 30 años”.
El anuncio verbalizado por Urtasun llega dos semanas después de que el Gobierno haya comunicado oficialmente a la Fundación Francisco Franco su intención de extinguirla. El Ejecutivo ha elaborado un “expediente jurídicamente sólido” para sustentar la petición, que deberá ser ratificada por un juez, y que se sustenta en la supuesta apología de la dictadura y en la humillación a sus víctimas. Ambos elementos figuran entre los requisitos legales para impulsar el cierre de una entidad bajo el paraguas de la normativa de memoria democrática.
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El proceso para extinguir una fundación franquista se articula en tres fases. La primera, que es la que ahora han iniciado las cuatro entidades señaladas por Cultura, consiste en la apertura de actuaciones previas. En ese momento, el Ministerio solicita un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con el objetivo de recabar información y elementos de juicio que permitan valorar si procede activar el procedimiento formal.
La segunda fase es la apertura del expediente, que se comunica a cada fundación junto a la habilitación de un periodo de alegaciones. Esta es la etapa en la que se encuentra actualmente la Fundación Nacional Francisco Franco, después de que el Gobierno haya movido ficha hace dos semanas.
La tercera y última fase implica la solicitud de un informe a la Abogacía General del Estado, que sirve de base para que el Ministerio de Cultura determine si debe instar judicialmente la extinción de la entidad afectada. En todo caso, la decisión final corresponde a las autoridades judiciales, que son quienes resuelven el procedimiento.
