La condena del fiscal general del Estado supone una nueva situación de excepcionalidad protagonizada por Álvaro García Ortiz en el cargo. Ha sido el primer fiscal general que se ha sentado en el banquillo de los acusados y el primero en ser condenado. Si la causa de sustitución ordinaria en el cargo se debía a un cargo de Gobierno, ahora se trata es la condena de inhabilitación de dos años impuesta por el Tribunal Supremo.
El Gobierno, que siempre manifestó su confianza en que se impondría un fallo de inocencia de García Ortiz, pondrá en marcha en los próximos días el proceso de nombramiento de un nuevo o nueva fiscal general, según fuentes del Ejecutivo. Se tratará, en cualquier caso, de una persona “del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho”.
A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno “respeta el fallo, pero no lo comparte”, según las citadas fuentes y reconoce “la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado”.
El fallo será efectivo una vez se redacte la sentencia y a falta de conocer la decisión de García Ortiz sobre si dimite inmediatamente o espera a conocer el fallo, será sustituido provisionalmente por la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde. Fue quien representó a la Fiscalía en el juicio contra el fiscal general y pidió su absolución. Sánchez Conde accedió al cargo en 2022 y es la primera mujer en acceder a él.
El artículo 31 del Estatuto fiscal recoge los motivos por los que debe ser cesado del cargo: 1. A petición propia. 2. Por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en el Estatuto fiscal. 3. En caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo. 4. Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. El cese debe pasar por el Consejo de Ministros.
El Gobierno, y Pedro Sánchez en particular, siempre ha manifestado su confianza en García Ortiz, pero ahora se enfrenta al escenario de la caída de su fiscal general. El PP ya ha pedido la dimisión de Sánchez por ese apoyo.
El nombramiento de García Ortiz ya fue polémico y tuvo que ser ratificado por el Tribunal Supremo tras un recurso interpuesto por la asociación de fiscales APIF. Esta asociación impugnó la segunda designación de García Ortiz como fiscal general, al considerar que su actuación y su “parcialidad” en favor del Gobierno durante su primera etapa mostraban que su nombramiento “no se ajusta a la ley”.
Este recurso se basó, entre otras cosas, en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que por primera vez en la historia consideró “inidóneo” a un candidato del Gobierno para ocupar el puesto de fiscal general del Estado. Entre otras cosas, el órgano de los jueces se basó en una sentencia del Tribunal Supremo que consideró que García Ortiz había cometido una “desviación de poder” al nombrar a su antecesora, Dolores Delgado, fiscal de Sala togada del alto tribunal, una categoría que no le correspondía.
El fiscal general se elige a propuesta del Gobierno, que debe oír al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El nombramiento lo realiza el Rey, y la persona elegida debe ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Antes de tomar posesión, el candidato debe comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso para valorar su idoneidad.
El proceso de elección está regulado: El Gobierno propone al candidato, generalmente a través del Ministro de Justicia; el Consejo General del Poder Judicial emite un informe sobre la idoneidad del candidato; y el candidato comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para ser evaluado. Si la evaluación es positiva, el Rey realiza el nombramiento oficial.
El candidato debe ser un jurista de reconocido prestigio, que tenga más de 15 años de ejercicio profesional efectivo y no haber sido inhabilitado ni condenado por delitos.
