La cúpula de la 'policía patriótica' declarará en el juicio de los Pujol por la operación Catalunya
Bajo la sombra de la corrupción
El tribunal admite el testimonio de Villarejo, Pino, Martín Blas, Díaz y Barroso
El excomisario José Manuel Villarejo.
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por sus presuntos negocios ilegales y la evasión de ingentes cantidades de dinero a Andorra ha admitido que declaren en el juicio como testigos cinco de los miembros de la llamada policía patriótica.
En la sesión de este miércoles, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha admitido que sean llamados José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Marcelino Martín-Blas, Bonifacio Díaz y Celestino Barroso, tal como pidieron algunas defensas.
También ha admitido que se sume a la prueba documental parte de la causa que se instruye en Andorra por las maniobras de la policía patriótica contra Banca Privada d'Andorra (BPA), y en la que está imputado el ex presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dos de sus ministros y otros altos cargos del ministerio del Interior de la época en que se descubrió que los Pujol tenían fondos allí.
La imputación de la cúpula de aquel gobierno ha estado muchos meses encallada en comisiones rogatorias de Andorra remitidas a la Audiencia Provincial de Madrid.
Como agregado de Interior en el país pirenaico, Celestino Barroso fue quien en la primavera de 2014 visitó al consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, en su despacho de Andorra la Vella y le amenazó con un “hachazo” al banco si éste no colaboraba con la policía española, es decir, si no le facilitaba información de qué políticos independentistas tenían fondos en aquella entidad.
Uno de los citados a declarar será Celestino Barroso, quien en 2014 amenazó a Banca Privada d'Andorra con un “hachazo” si no colaboraba dándoles información
Miquel también está citado como testigo en este juicio, que ayer quedó congelado hasta el 12 de enero, cuando comparecerán nuevos testimonios, todavía por agendar. La lista de citados era hasta ahora de 255.
En julio de 2014, un pantallazo publicado en el diario El Mundo desveló que Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos tenían dinero en BPA y obligó a Jordi Pujol i Soley a confesar que había tenido dinero en el Principado durante 34 años, fruto -aseguró- de una herencia de su padre.
El tribunal ha descartado este miércoles derivar el caso a la Audiencia de Barcelona, tal como pidieron algunas de las defensas en virtud de una doctrina reciente del Tribunal Supremo. Ésta atribuye las competencias a la Audiencia Nacional sólo cuando los delitos son cometidos en diferentes jurisdicciones, que no es el caso, porque si hubo corrupción se cometió íntegramente en territorio español, según los argumentos de la defensa de los Pujol.
Otra cosa es que el objeto del presunto delito, esto es, ingentes cantidades de dinero, se ocultaran en países segundos.
Esta era la única cuestión sobre la que obligatoriamente debía pronunciarse el tribunal antes de proseguir, este miércoles, con la vista oral, en la que la resolución de todas las cuestiones previas fue aplazada a la sentencia.
De Prada alegó que la extrema complejidad de la causa, y de las cuestiones planteadas, impedía liquidarlas antes del juicio.
En la sesión han comparecido telemáticamente los tres primeros testigos: Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, que fue secretaria de Jordi Pujol i Ferrusola, alias Júnior; la hija de éste, Núria Pujol i Gironés, y el empresario José Luis Perelló Molne.
Los primeros testigos minimizan el papel de Mercè Gironés, ex esposa de Jordi Pujol Ferrusola, en la presunta trama corrupta
De Francisco fue la trabajadora única -y para todo- de tres empresas que Júnior compartía con su esposa, Mercè Gironés. Si ella figuró durante un tiempo como administradora de una sociedad de Jordi Pujol i Ferrusola fue únicamente por “un error administrativo”, aseguró.
De Francisco también fue interrogada sobre su papel en Ganduxer, 5, donde se ubicaban dichas empresas, y sobre el papel de Gironés, que a preguntas de su defensa minimizó cuanto pudo, situándola como una visita esporádica y de funciones mínimas.
En parecido sentido declaró la hija del matrimonio, Núria Pujol Gironés, de 33 años. Fue advertida por el tribunal de que, dado su parentesco de primer grado con los dos acusados -sus padres- tenía derecho a no declarar si ello les perjudicaba.
La mujer declaró con firmeza, perfilando a su madre como una mujer que básicamente estaba en casa.
Fue interrogada también sobre la compra de un piso, en 2014, que las acusaciones -ministerio fiscal y abogacía del estado- describen como una maniobra de ocultación patrimonial por parte de Júnior. Como parte de su acuerdo de divorcio del 14 de febrero de 2014, éste y su esposa donaron más de 500.000 euros a su hija para que se comprara la vivienda.
Un testigo sugiere que Jordi Pujol i Ferrusola no quería que trascendiera que tenía una gran casa en Pedralbes
La compra se ejecuta justamente el mismo día del pantallazo de El Mundo, el 7 de julio de 2014, aunque se formaliza el 18. Núria Pujol explicó que ese piso es donde vive hoy con su familia. Las primeras denuncias de las actuaciones de Júnior en Andorra datan de unos dieciocho meses, después de las primeras denuncias sobre al caso, cuando Victoria Álvarez, amante de Júnior, explicó a la policía (patriótica) que él subía dinero en bolsas a bancos del país pirenaico.
El tercer testigo, José Luis Perelló, relató que fue el vendedor de una casa en Pedralbes, por 2,4 millones de euros, a Júnior. Los puso en contacto el financiero Carlos Tusquets, que también está citado como testigo. Perelló ignora por qué la operación figuró fiscalmente por un valor unas 100 veces menor.
Y sólo tiene sospechas de por qué Júnior tardó “unos cuatro o cinco años” en actualizar las domiciliaciones de IBI, basuras... Su padre era el presidente de la Generalitat, y aquella casa tan lujosa en Pedralbes, vino a decir, podía llevar a malpensar.
A la cuarta sesión del juicio sólo asisten cuatro hermanos Pujol y dos de los empresarios acusados
A la sesión han asistido cuatro de los hermanos Pujol Ferrusola -Jordi, Pere, Oleguer y Marta- así como dos de los empresarios acusados, Luis Delso y Francesc Robert Ribes.
Los acusados están exentos de asistir a la vista, como estableció el tribunal en las tres primeras sesiones, en las que se acordó también que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley sigue procesado, pero sólo deberá comparecer, y telemáticamente desde su casa, cuando sea requerido, dada su avanzada edad y las carencias cognitivas que presenta.
El juicio tiene marcadas por ahora un total de 37 sesiones más, hasta el 14 de mayo. Por petición de las defensas, los acusados declararán después de los testigos.