Los Pujol regularizaron con Hacienda “deprisa y corriendo” al desvelarse sus cuentas en Andorra
Solo dos de los 17 acusados acuden a la reanudación de la vista en la Audiencia Nacional
Fiscal de Anticorrupción Fernando Bermejo durante el juicio por el caso Pujol
Joan Anton Sánchez Carreté, que fue asesor fiscal del expresidente Pujol y su esposa, Marta Ferrusola Lladós, ha explicado en el juicio contra la familia Pujol -que se ha reanudado esta mañana en la Audiencia Nacional- que el 7 de julio de 2014 debió preparar a toda prisa declaraciones complementarias con Hacienda de todos los miembros de la familia Pujol. Fue el mismo día en que el diario El Mundo publicó el famoso pantallazo de un ordenador de Banca Privada d’Andorra en el que se podía comprobar que Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos tenían alrededor de 3,2 millones de euros en una cuenta de esta entidad. Se hizo “deprisa y corriendo”, dijo el fiscalista.
Sànchez Carreté fue asesor del matrimonio Pujol-Ferrusola desde 1983, poco después de que el líder de Convergència Democràtica ganara sus primeras elecciones, pero esta mañana ni ha hecho mención ni si le ha preguntado por la famosa herencia del padre de Jordi Pujol i Soley, Florenci, que supuestamente le dejó 140 millones de pesetas y que según él fue lo que generó la fortuna en Andorra.
Este es el origen de toda esta causa y de las severas penas de prisión que se piden para toda la familia Pujol.
Esta información, y cuya obtención por parte de la policía española es una de las claves de este caso, provocaría la famosa confesión de Jordi Pujol del día 25 de julio siguiente, admitiendo que durante décadas había tenido dinero en Andorra, y prometiendo que esos fondos procedían de la herencia de su padre.
Sànchez Carreté ha explicado que si en la redada policial que se hizo en octubre de 2015 apareció documentación fiscal de toda la familia en Andorra fue porque debió comprobar si las regularizaciones de unos quince meses antes se habían hecho correctamente. Sànchez Carreté, y varias de las defensas, reiteraron que el auto de entrada y registro en sus oficinas del Paseo de Gràcia, permitía únicamente intervenir efectos de Jordi Pujol Ferrusola y su ex esposa, Mercè Gironès, y tres de las empresas en las que habían participado -Iniciatives Marketing Inversions, SA, Project Marketing Cat y Active Translation SL-, pero nada más. Y allí halló la policía información de toda la familia.
Solo dos de los 18 acusados por el caso Pujol que se juzga en la Audiencia Nacional han comparecido a la primera sesión de 2026 de este lunes, que se ha celebrado en la sede de San Fernando de Henares.
Son Jordi Pujol Ferrusola, alias Junior, hijo mayor de quien presidió la Generalitat durante 23 años, y para quien se piden 29 años de cárcel, y el empresario Francesc Robert Ribes. El resto de acusados ni siquiera han asistido al juicio; al inicio de la vista, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha recordado la “lucuosa noticia del fallecimiento” del empresario Carles Vilarrubí, que también estaba acusado y que falleció hace pocos días. Su responsabilidad penal se extinguirá en cuanto llegue al tribunal un certificado de defunción.
Tras renunciar a tres de los ocho testigos previstos para la sesión de hoy, la fiscalía anticorrupción ha tratado de poner contra la pared a los cinco restantes para que salpicaran al Junior.
Con ellos, el ministerio público ha recorrido la trayectoria profesional de Pujol Ferrusola, con negocios (muchos de ellos del sector inmobiliario) en España, Africa, Sudamérica o México.
A varios de los testigos (todos por videoconferencia), el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, ha debido recordarles que no decir la verdad en un juicio constituye un delito de falso testimonio, aunque es lo primero que ya había advertido el presidente del tribunal al dar paso las declaraciones.
Pero el fiscal ha debido insistir ante la falta de documentación claramente incriminatoria o comprometedora de lo que consta en las actuaciones, y ante la falta de memoria de algún empresario que compartió empresas con el Junior, que no recordaba con exactitud (ni sin) a qué se referían pagos, mails o facturas.
La fiscalía intenta acorralar a Jordi Pujol Ferrusola con el testimonio de antiguos socios
El primer testigo de la mañana ha sido Jordi Puig Godes, socio de Jordi Pujol Ferrusola en algunos negocios y hermano de Felip Puig, que fue conseller de diferentes gobiernos de Jordi Pujol. El fiscal Bermejo, y la abogacía del estado, ejercida por Álvaro Bazán, recorrieron las relaciones profesionales entre Jordi Puig y el Júnior en innumerables sociedades a través de las que invirtieron en desarrollo urbanístico e inmobiliario en sitios varios. Ambos compartían despacho en la calle Ganduxer de Barcelona.
Otro de los testigos, Ignacio Armengol, que era director de la red de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), ha alegado que carecía de capacidad de contratación y que por ello sus contactos con Jordi Pujol Ferrusola no generaron ninguna clase de negocio ni beneficio para ninguno de ambos. El interrogatorio del fiscal no fue más allá.