Europa ve con sorpresa la regularización
El reto demográfico
Alemania, Francia e Italia, sin embargo, no logran resolver los problemas de la residencia ilegal de miles de personas
Operarios trabajan en unas obras en Madrid
L a regularización de inmigrantes que ha aprobado esta semana el Gobierno español ha sorprendido a medio mundo, singularmente a las principales cancillerías europeas. Francia, Italia y Alemania, que no prevén una medida parecida y al menos de cara al electorado apuestan más bien por poner trabas a la llegada de migrantes, no logran, sin embargo, resolver los problemas de la residencia ilegal de miles de personas ya presentes en su territorio.
Francia
“Hablan español y son cristianos”, dice el partido de Le Pen
Francia no ha realizado recientemente ninguna regularización masiva de inmigrantes. Al contrario, el debate en el país va en dirección totalmente opuesta, sobre cómo frenar la llegada de extracomunitarios y la reagrupación familiar de los ya instalados. El caso español causa perplejidad en el país vecino.
En enero del 2024, después de discusiones caóticas en la Asamblea Nacional y de un voto que unió por sorpresa a macronistas y la extrema derecha de Le Pen, se promulgó una nueva ley de inmigración que pretendía, por un lado, agilizar las expulsiones y endurecer las condiciones para otorgar permiso de residencia, mientras se creaba un procedimiento para legalizar a quienes estén trabajando en sectores con falta de mano de obra, como la construcción, la restauración y el agropecuario. Esa legalización se hace caso por caso, después de un trámite en la prefectura del departamento. Pueden solicitarlo quienes puedan probar al menos tres años de presencia en Francia y haber trabajado como mínimo 12 meses de los últimos 24 en los sectores afectados. Su aplicación real varía mucho según el departamento. Se tiene en cuenta la situación de cada solicitante, su integración, situación familiar y otros factores. Obviamente deben tener un expediente policial limpio.
Uno de los portavoces del Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha), el diputado Philippe Ballard, fue preguntado por el plan del Gobierno Sánchez en una tertulia en la cadena LCI. Ballard relativizó la regularización porque, según recordó, se trata en su mayor parte de latinoamericanos fácilmente integrables. “Hablan español y son cristianos”, subrayó, dejando claro que el problema mayor en Francia, según él, son los inmigrantes de origen árabe o de religión musulmana porque constituyen una sociedad aparte, con sus propias reglas, y eso desestabiliza al país. Ballard no tuvo argumentos cuando la presentadora le recordó la alta tasa de crecimiento económico de España, que es la envidia de Francia y de otros países, y la vinculó a la inmigración.
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La voluntad de frenar la inmigración va más allá de la extrema derecha. La derecha gaullista tradicional (Los Republicanos, LR) está en la misma onda. Incluso entre los macronistas hay líderes con posiciones no muy alejadas, como el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, uno de los aspirantes potenciales al Elíseo en el 2027. Darmanin plantea la posibilidad de suspender la inmigración legal –concesión de visados y reagrupación familiar– durante dos o tres años.
Los medios próximos a la extrema derecha, como el canal CNews o el periódico Journal du Dimanche , son muy beligerantes contra el flujo migratorio y lo relacionan sin cesar con la criminalidad.
Italia
Política restrictiva interior, pero puertas abiertas
Si Pedro Sánchez ha hecho de la apertura a la inmigración uno de los pilares de su acción de gobierno, como insisten desde hace días tertulias y periódicos italianos, Giorgia Meloni, más allá de la retórica de la “defensa de las fronteras”, ha acogido a más inmigrantes que cualquiera de sus predecesores recientes.
La primera ministra y su vicepresidente, Matteo Salvini, no han dejado de explotar el tema para generar consenso, con nuevas leyes, mensajes en redes sociales y acuerdos internacionales como el de los centros en Albania. Un proyecto por ahora fallido, pero que sigue recibiendo recursos y respaldo político para intentar darle encaje legal, también en Europa.
Los números, sin embargo, cuentan otra historia. Italia registró en el 2024 el nivel más alto de inmigración de los últimos 16 años, y los datos parciales del 2025 indican que la tendencia no se ha revertido. Las cifras del Istat, el instituto nacional de estadística, se refieren únicamente a ingresos regulares. Aun así, son significativas: en el 2024 llegaron a Italia 451.000 personas procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Una señal de que el gobierno apuesta de hecho por la inmigración, aunque sin anunciarlo abiertamente para no incomodar a su electorado.
El primero en sorprenderse por estos datos fue Lorenzo Ruffino, uno de los analistas más reconocidos de Italia y autor de una newsletter semanal. “Detrás del discurso duro contra la inmigración, el Gobierno de Meloni sabe que hay dos problemas que deben abordarse con pragmatismo: el desplome demográfico y la falta de mano de obra”, explica a Guyana Guardian . Italia, además, no logra frenar la salida de jóvenes al extranjero: 188.000 personas en el 2024.
El principal instrumento es el llamado decreto flujos, que fija el número de entradas legales. Para el periodo 2026-2028 se han autorizado 500.000 ingresos, “la cifra más alta de la historia”, subraya Ruffino.
Sobre el papel se trata de un sistema ordenado. En la práctica, las distorsiones son numerosas. Introducido en 1998, prevé que el empleador solicite el permiso de trabajo para un trabajador que se encuentra en el extranjero. “En el 2024 solo el 7,8% de las cuotas autorizadas se transformó en permisos de residencia y empleos estables”.
Esta brecha entre cupos autorizados y empleos reales ha alimentado un mercado ilegal. Varias investigaciones judiciales han revelado que cientos de ciudadanos de Bangladesh y Sri Lanka pagaron decenas de miles de euros para llegar a Italia con la promesa de un contrato que nunca existió. Las empresas que debían contratarlos eran ficticias.
Alemania
Legalización individual y estancia tolerada
La regularización colectiva de extranjeros con presencia irregular no está prevista como tal en Alemania. Quienes entran ilegalmente en el país pueden aspirar a lograr algún día permiso de residencia, primero temporal y quizá luego definitivo, a través de procedimientos individuales muy estrictos, que pueden prolongarse durante años. En la actualidad, según estimaciones de Cáritas, viven en Alemania entre 180.000 y 520.000 personas sin permiso de residencia.
La vía para obtener la legalización es la llamada estancia tolerada ( Duldung ), que se concede mayormente a personas que entraron en Alemania como solicitantes de asilo y les fue denegado, pero su deportación a su país de origen se suspende temporalmente porque se trata de regiones en crisis y su seguridad allí correría peligro. Pueden así quedarse y tal vez después conseguir la legalización definitiva. En el 2006 las autoridades germanas otorgaron esta permanencia “tolerada” a unas 50.000 personas, siempre de modo individual, tras demostrarse que cumplían requisitos como arraigo familiar y opciones de integración laboral.
Más recientemente, en la oleada migratoria del 2015 desde Siria, Irak y Afganistán, llegaron a Alemania en torno a un millón de peticionarios de asilo, de los cuales entre 150.000 y 400.000 se quedaron de modo irregular después de serles denegado el asilo. Algunos miles de estos irregulares consiguieron el estatus de estancia tolerada, y después el permiso de residencia legal.
Entre enero del 2023 y diciembre del 2025 existió el denominado permiso de residencia de oportunidad ( Chancen-Aufenthaltsrecht ), que permitía obtener un permiso de residencia de 18 meses a quienes llevaban en Alemania cinco años en estancia tolerada, no habían cometido ningún delito, y juraban lealtad a la Constitución. Transcurridos los 18 meses, podían intentar conseguir el permiso de residencia indefinido a base de cursos de integración, acreditación del idioma alemán y capacidad para ganarse el sustento.
A finales del 2025, en el Registro Central de Extranjeros (AZR) figuraban unas 16.600 personas con el permiso de 18 meses –la mayoría procedentes de Rusia, Irak y Nigeria–, y otras 27.000 habían accedido a la residencia definitiva tras pasar por ese periodo.
