Papeles para dejar atrás la vida oculta
El debate migratorio
Los requerimientos, que podrán gestionarse a partir de comienzos de abril, permitirán el inicio de las labores de forma legal desde la jornada inicial.
Entrada a una oficina de extranjería
El Gobierno detalló ayer los pormenores del real decreto que facilitará la salida de la sombra de miles de individuos en situación administrativa irregular en España. La séptima regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada en democracia resulta, debido a la insistencia de Podemos, menos rígida que la iniciativa legislativa popular (ILP), la cual permanecía bloqueada desde hace meses en el Congreso. No obstante, el documento todavía podría experimentar modificaciones.
¿Quiénes podrán acogerse?
Aquellos individuos con una estancia de al menos cinco meses en España previa al 31 de diciembre del 2025, así como quienes hayan pedido protección internacional antes de dicho día. Esto implica que no se limita únicamente a migrantes por motivos económicos, sino que incluye a quienes escaparon de conflictos bélicos en sus naciones. El Gobierno español calcula que cerca de medio millón de personas lograrán regularizarse. Diversos estudios mencionan una cifra superior a 800.000 ciudadanos en situación irregular.
¿También con antecedentes?
Aparte de la condición de permanencia, la normativa establece la obligatoriedad de carecer de registros delictivos –fallo judicial definitivo– y no representar un peligro para la seguridad ciudadana. Dentro de este último punto se analizará si una reseña policial supone –o no– un riesgo para la convivencia que obstaculice la obtención de la documentación. Un registro policial podría derivar de una detención, justamente, por encontrarse en un estado administrativo no reglamentado. Bajo tal circunstancia, no se bloquearía la posibilidad de lograr la regularización.
¿Qué plazos se contemplan?
El Gobierno prevé que el envío de instancias pueda iniciarse en los primeros días de abril, tras concluir los requisitos reglamentarios del real decreto. Esta convocatoria permanecerá activa hasta el 30 de junio de este año.
¿De qué manera se justifica la continuidad?
Mediante cualquier documentación de carácter público, particular o una mezcla de ambos. Resultarán válidos el padrón, reportes de consultas médicas, actas de presencia en servicios sociales o papeles como un convenio de arrendamiento, recibos de giros monetarios o tiques de desplazamiento.
¿Qué permisos concede?
Una vez que se acepte el trámite de la petición, se otorgará de modo automático un permiso de estancia temporal que facultará para desempeñar labores legales y disponer de servicios esenciales, como la cobertura médica. Si la decisión resulta positiva, se facilitará una licencia de residencia por el lapso de un año, tras el cual se podrá gestionar un permiso común de acuerdo con la normativa de extranjería. Esta estancia legal conlleva una habilitación para trabajar, vigente en toda la geografía y para cualquier actividad económica.
¿Qué pasa con los menores?
El proceso de regularización salvaguardará el núcleo familiar, facilitando el trámite conjunto para los descendientes menores de edad que ya residan en España. En tales circunstancias, la validez de la documentación se extenderá por un periodo de cinco años.
¿Se interrumpen las expulsiones?
Un aspecto esencial del acuerdo es que, en el momento en que una persona formalice la demanda de regularización, se paralizarán los expedientes de retorno o los decretos de expulsión por causas administrativas o por laborar sin consentimiento que existan en su contra.
¿Concede el derecho a voto?
La autorización otorgada mediante la regularización no habilita para participar en los comicios generales o autonómicos, aun cuando en las plataformas digitales circularon rápidamente ayer quejas de “amaño electoral” sobre el presunto respaldo de los favorecidos a Pedro Sánchez. La normativa electoral establece que la facultad de votar corresponde a los ciudadanos españoles adultos que figuren en el padrón electoral. Para tal fin, resulta indispensable poseer la nacionalidad. Obtener la regularización no equivale a conseguir la nacionalidad. Con el objetivo de alcanzar la nacionalidad por residencia, se requiere permanecer legalmente en España por un lapso de diez años. En el ámbito de las elecciones municipales, sí poseen derecho al voto aquellos foráneos procedentes de naciones que admiten el sufragio de los españoles en sus propios procesos electorales.
¿Provocará efecto llamada?
El Partido Popular ha sostenido que su oposición a la iniciativa se basa en el incentivo migratorio que podría motivar a miles de extranjeros a trasladarse a España para regularizar su situación. Desde el Gobierno afirman que dicha consecuencia no se produce “cuandos se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes”. “Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan a personas. Regularizar es cortar ese negocio”, sostienen portavoces del Ministerio de Migraciones.