La Iglesia española celebra la normalización de los inmigrantes y afirma que el proceso se ha retrasado.
El máximo responsable de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luís Argüello, sostiene que mediante el plan expuesto por el Gobierno se “reconoce la dignidad humana” de los individuos que en adelante dispondrán de permisos.
La institución eclesiástica, mediante la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Cáritas, figura entre las organizaciones que promovían la iniciativa legislativa popular (ILP) destinada a regularizar a los extranjeros que viven en España de forma indocumentada. Debido a esto, ha festejado este martes que la ratificación en el Consejo de Ministros de la norma que permitirá que medio millón de personas, de acuerdo con las estimaciones gubernamentales, obtengan su documentación si cumplen con las condiciones fijadas. “Es un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común”, ha afirmado el máximo representante de los prelados, Luis Argüello, mediante una nota de prensa emitida por la CEE.
Aparte de mostrar satisfacción por el avance realizado recientemente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el arzobispo de Valladolid ha expresado su pesar por la demora de la iniciativa, asegurando que la rúbrica del decreto era posible desde hace tiempo. “Este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la ILP dijimos en su momento en el Congreso de los Diputados y a la administración”, ha señalado al respecto el prelado, quien además sostuvo que la validación actual responde a que la coyuntura política resulta propicia.
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Hace algún tiempo, la CEE liderada por Argüello, mientras buscaba obtener respaldos para la ILP, mantuvo encuentros con la agrupación del Partido Popular en el Congreso y también con la del PSOE. Comprobó en aquel momento que los populares mostraban reticencias a respaldar la propuesta. A los socialistas, quienes aseguraban entonces que no tenían apoyo suficiente para validar esta medida, ya se les planteó la opción de utilizar el decreto, de acuerdo con fuentes informadas.
Según el criterio de los obispos, la disposición del Ejecutivo central “soluciona una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad”. “Personas trabajando y acudiendo a servicios públicos, sociales y colegios y encontrándose con el muro de la falta de legalización”, ha continuado.