Destinar 1.200 millones al sector de la vivienda y frenar las compras especulativas constituyen las demandas de Comuns frente a los presupuestos públicos.
La legislatura catalana
Los ecosocialistas demandarán al Govern una normativa que bloquee las adquisiciones con fines de especulación dentro del sector de la vivienda y “evite la concentración de inmuebles en manos de fondos buitre”
La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, este jueves en el transcurso de la sesión ejecutiva excepcional de la formación.
Los Comuns han llevado a cabo este jueves una reunión ejecutiva de carácter extraordinario con el fin de establecer las exigencias y premisas que presentarán al Govern de cara a la validación de las cuentas públicas de 2026. El proceso de diálogo comenzará la próxima semana, luego de que se desbloquearan las penalizaciones por no acatar la ley de Vivienda, y los ecosocialistas centran su atención en el ámbito de la vivienda, el transporte por tren y el sistema sanitario. Respecto al área residencial, sobresale la demanda de llegar a los 1.200 millones de euros en la partida presupuestaria destinada a este fin, buscando duplicar las subvenciones para arrendamientos y lograr un pacto para que en un plazo de seis meses se prohíba la compra especulativa de vivienda.
La formación liderada por Jéssica Albiach pretende que estos presupuestos, los cuales estiman que tal vez sean los únicos validados durante el presente mandato, “se noten en el día a día” de la ciudadanía catalana. Bajo esta premisa, juzgan “imprescindible” que se alcance un pacto destinado a “avanzar” dentro de una propuesta legislativa que “en un máximo de seis meses prohíba las compras especulativas en el mercado inmobiliario para proteger el acceso a la vivienda”.
Durante un discurso público ante la dirección, Albiach ha enfatizado el periodo de medio año debido a que constituye una “urgencia” la circunstancia de “acabar con el secuestro de pisos adquiridos en manos de fondos buitre”. Es preciso señalar que el partido ecosocialista inició a finales de noviembre una comisión técnica junto al Govern con el fin de analizar si es factible vetar la adquisición de inmuebles con fines especulativos, tras la entrega de una iniciativa legislativa bajo esta premisa por parte del equipo encabezado por Jéssica Albiach.
Bajo esta perspectiva, los resultados de dicho equipo laboral se revelarán la próxima semana, a la par del inicio de las conversaciones. Los especialistas ya cuentan con los documentos redactados y se ha solicitado la opinión de un experto en la Constitución para evaluar la validez jurídica de la propuesta. Informantes de los Comuns lo consideran “factible jurídicamente” y mantienen la impresión de que los análisis resultarán “favorables” para el enfoque de esta disposición normativa. Tales “límites a los fondos buitres y especuladores” podrían salir adelante, según la opinión de los ecosocialistas, previo a la temporada estival.
Perciben que “no se puede regalar las políticas de vivienda a la extrema derecha” y que se requiere una acción inmediata. Respecto a impedir las transacciones especulativas, que la normativa podría definir con términos como restricción o control, reclamarán un pacto “político” en torno al “contenido y calendario” de la ley.
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Todavía en materia de vivienda, demandan que el alza de la inversión pública proyectada para este sector se oriente a la compra de casas para potenciar el parque público y que se otorgue un 60% más de capital a los apoyos al arrendamiento. En valores netos, se sumarían 105 millones para asistir a 50.000 familias adicionales.
Con este fin, se buscaría incrementar el tope de rentas máximas permitidas para beneficiarse de tales subvenciones. Actualmente la cuantía se sitúa en 25.200 euros al año, y proponen elevarla hasta alcanzar los 36.000. Simultáneamente, reclaman la actualización del coste máximo de arrendamiento aceptado para “adaptar las ayudas a los precios reales del mercado” en las áreas con mercado tensionado. Concretamente, se fijarían 1.135 euros en Barcelona y 855 en las demás zonas de Catalunya. En el caso de estancias individuales, plantean que el límite sea de 600 en la capital catalana y 450 en el resto de municipios del territorio. Asimismo, solicitan una partida de 30 millones destinada a un programa de actuación urgente frente al sinhogarismo.
Una prioridad adicional que Comuns busca incluir en las cuentas públicas es un “gran acuerdo de país” dentro del sector del ferrocarril con el fin de que Rodalies resulte “la máxima prioridad”. Específicamente, consideran necesario implementar un programa de urgencia para la conservación de las infraestructuras que sea “estructural” y exigen fondos destinados a tal fin. Asimismo, solicitarán el fomento de los trenes-tranvía en el Camp de Tarragona, Costa Brava Sur, Terres de l'Ebre, Bages i Pirineu; junto a la propuesta de duplicar las líneas de buses interurbanos para asegurar “frecuencias y plazas para todo el territorio”.
En el ámbito de la enseñanza, la demanda primordial es elevar las subvenciones de comedor. Las cuentas de Comuns proyectan añadir a 87.000 destinatarios extra, permitiendo avanzar de un 18 a un 27% de alcance. La intención es “acercarse a la universalización del servicio de comedor” en los centros educativos, un aspecto que, si ERC se integra en la negociación, también propondrá.
El siguiente tema fundamental es el sanitario. La formación ecosocialista pedirá al Departament de Salut un proyecto de recorte del 50% en las listas de espera para “disminuir el tiempo de acceso a pruebas, consultas e intervenciones”.
El propósito es que los diálogos se inicien la próxima semana y que el encuentro inaugural tenga lugar antes de la sesión plenaria del Parlament, la cual comenzará el martes. En representación de los Comuns, la delegación de negociación estará compuesta por los diputados David Cid, Susanna Segovia, Andrés García Berrio y el coordinador de la agrupación en el Parlament, Ximo Balaguer.