El PP acusa a Illa de aplicar políticas comunistas para mantenerse en el poder
El debate de la vivienda
Los populares recurrirán al TC cuando se aprueba la ley contra la vivienda especulativa con la petición de 50 diputados o senadores
El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en rueda de prensa este lunes
El PP de Catalunya considera que hace ya demasiados años que la política catalana está condicionada por los partidos minoritarios de extrema izquierda, unas políticas que “perjudican” a la ciudadanía. Así lo ha señalado esta mañana el secretario general, Santi Rodríguez, al referirse al pacto entre el Govern del PSC y los Comuns para limitar la “compra especulativa” de vivienda mediante una reforma legal y como condición para aprobar los presupuestos de la Generalitat.
El dirigente popular ha indicado que la influencia de la “extrema izquierda” también tuvo lugar durante el mandato de Junts, con el respaldo de la CUP. “Las políticas comunista hace tiempo que fracasaron en Europa --ha destacado en rueda de prensa-, y ahora se recuperan pese al rechazo de la ciudadanía”. En este contexto, citó también la gestión de la alcaldesa Ada Colau durante su mandato, al entender que también falló en en su intención de fomentar la vivienda protegida en Barcelona.
Para el PP de Catalunya, el problema de la vivienda debe de resolverse con una colaboración entre la administración pública y los agentes privados. Y, por tanto, reiteró su rechazo frontal al acuerdo entre socialistas y comunes, al entender que ataca la propiedad privada. El acuerdo establece para los grandes tenedores -con más de cinco viviendas- que los pisos que se adquieran se deberán dedicar a vivienda habitual o alquiler con precio topado.
El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ya anunció el sábado que su formación recurrirá esta ley -cuando se apruebe- ante del Tribunal Constitucional. El PP indicaba que la Constitución establece el derecho a la vivienda, pero también el de la propiedad privada. “El derecho a la vivienda -señalaba el dirigente popular- es absolutamente compatible con el de la propiedad privada, y no se entiende el uno sin el otro”. Recordaba también que es la administración pública el que debe garantizarlo, y no los propietarios. El recurso ante el TC se vehiculará con la firma de 50 diputados del Congreso o 50 senadores.
