El PP catalán impugnará ante el Constit
El escenario político
Alejandro Fernández considera que con las políticas en materia de vivienda que se aprueban en Catalunya “se seguirá destruyendo el futuro de las próximas generaciones”

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, este sábado en Valls durante una atención a los medios

El PP catalán llevará al Tribunal Constitucional la ley que han pactado el Govern y los comunes para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya si el pleno del Parlament la aprueba.
Así lo ha anunciado este sábado el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, en un acto en Valls (Alt Camp). “Como es un ataque a la propiedad privada inaceptable, lo llevaremos al Tribunal Constitucional en cuanto tengamos los mecanismos oportunos para hacerlo”, ha afirmado en declaraciones a la prensa.
El Govern pactó el jueves con los comunes la prohibición de la compra especulativa de vivienda, algo que se traducirá en una reforma de la ley de urbanismo que entrará en vigor antes del verano, para garantizar que los pisos se destinen a residencia habitual o a alquiler a un precio con tope, si se cumple lo acordado.
Al respecto, Fernández ha apuntado que el derecho a la vivienda, “que está recogido en la Constitución”, es “absolutamente compatible con el derecho a la propiedad privada”, ya que “no se puede entender un derecho sin el otro”.
Para el dirigente popular, no le corresponde a los propietarios privados “garantizar el derecho a la vivienda”, sino a “los gobiernos y a los poderes públicos”. “Con lo que se está haciendo en Catalunya y en el conjunto de España se seguirá destruyendo el futuro de las próximas generaciones”, ha indicado el también diputado de la Cámara catalana.
El líder de los populares catalanes, además, ha acusado al Govern de estar “cubanizando” el mercado de la vivienda con unas medidas “que consiguen exactamente el efecto contrario de lo que pretenden”, como es el caso del límite de los precios al alquiler, según ha apuntado.
Previamente, en un acto en Lleida, Fernández ya ha arremetido contra una ley que “acabará incrementando la especulación”, al contrario de lo que busca. Además, ha dicho que funcionarios, con el carné en la boca del PSOE o de los comunes van a ser los árbitros que van a decidir quienes son los especuladores y quien no”, con “las consecuencias que tiene eso”.
La crítica del PP no es aislada. También el sector inmobiliario y la patronal catalana Foment del Treball han puesto el grito en el cielo con esta normativa. Junts, a su vez, acusó al Ejecutivo de Salvador Illa de “exportar el modelo de Ada Colau en Barcelona a toda Catalunya”.

