Puente abre la puerta a elevar tramos de la R1 en el Maresme como alternativa al soterramiento
Transportes
“Si queremos trasladar la línea al interior nos vamos a topar con viviendas, y si la solución es soterrar, el coste es tremendo”
Varios tramos de la R1 discurren en paralelo al mar quedando muy expuestos a los efectos de los temporales
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aprovechado su intervención en los Desayunos del Ateneo para deslizar dos hipótesis que, sin convertirse todavía en decisiones formales, apuntan a debates de calado en Catalunya. Por un lado la posibilidad de elevar el trazado de la R1 en algunos puntos del Maresme y por otro la recuperación, a medio y largo plazo, de algunos peajes para costear el mantenimiento de las carreteras. Dos asuntos sensibles en un territorio donde la movilidad se ha convertido en un termómetro político.
El foro -un encuentro mensual organizado por once periodistas- ha estado presentado en esta ocasión por Lola García, Guillermo Lerma y Pedro García Cuartango, y ha servido al ministro para ensayar, con tono analítico más que programático, una reflexión sobre decisiones estructurales que el Ejecutivo sabe que deberá abordar.
En el caso de Rodalies, Puente ha ido más allá de la falta de inversión o de los estragos provocados por los temporales de este invierno. Ha cuestionado el propio diseño histórico de la línea, pegada al litoral y estructuralmente vulnerable. “Reparar la línea no es sencillo porque lo que hagas tiene un carácter forzosamente provisional. Por muy buena que sea la obra en ese punto, el mar acabará imponiéndose”, ha advertido, subrayando que existe “un debate pendiente” que, no obstante, fuentes de Sumar confirman que ya ha comenzado a darse en el seno del Ejecutivo.
Hasta ahora, la disyuntiva se había movido entre reforzar el trazado actual para protegerlo de las embestidas del mar -asumiendo su vulnerabilidad estructural- o trasladar la línea hacia el interior, una operación de enorme complejidad urbanística por la elevada densidad de viviendas existente. El soterramiento, tercera opción sobre la mesa en determinados tramos, dispararía los costes. Y es, precisamente, en ese contexto, en el que el ministro ha deslizado a título personal una alternativa intermedia que pasaría por elevar la vía en algunos puntos como solución técnicamente viable y más económica que enterrarla. “Si queremos trasladar la línea al interior nos vamos a topar con viviendas. Y si la solución es soterrar la línea, el coste es tremendo”, ha argumentado.
La hipótesis de tramos elevados introduce un nuevo vector en la discusión ya que la búsqueda de un menor impacto presupuestario conllevará un evidente efecto visual en municipios costeros cuyo paisaje es parte central de su economía. El mensaje implícito ha sido que no bastará con invertir más, sino que el trazado mismo está en cuestión.
En paralelo, Puente ha reabierto otro melón igualmente delicado. La financiación de la conservación de la red viaria estatal. El ministro Ha reconocido que el gasto actual por kilómetro se aproxima a lo recomendado por los expertos, pero ha advertido de que el Estado arrastra un déficit acumulado superior a los 5.000 millones de euros en mantenimiento. Es por ello que ha admitido que, a medio y largo plazo, será difícil sostener el sistema sin una fuente adicional de ingresos.
“Se abre el debate de ese plus, ese aporte adicional de un pago de peajes, bien sea en sombra, bien sea a través de una viñeta, o bien sea recuperando los peajes habituales”, ha apuntado. El dirigente socialista ha pedido abordar la cuestión mediante un “pacto de Estado” -algo inviable, como admite, por el distanciamiento entre izquierdas y derechas- y ha dejado claro que el Gobierno es contrario a un sistema “desigual” por territorios, en referencia implícita a situaciones como la de la AP-9 gallega.
Avanzado el debate, el ministro de Transportes ha admitido que “el error de Adif fue no comunicar a la autoridad judicial con carácter inmediato” la sustracción de material del accidente en Adamuz, aunque ha defendido que “no actuó con mala fe”.
A este respecto, ha indicado que el objetivo de Adif, que también debe realizar su propio informe sobre el accidente, era analizar el estado de las soldaduras de ese tramo y aseguró que dichas piezas han sido custodiadas y están a disposición del juzgado y de la Comisión de Investigación del Accidente Ferroviario (CIAF).
Además, ha insistido, “ni la Guardia Civil ni el juzgado habían considerado previamente que esas piezas eran relevantes para la investigación” por lo que probablemente habrían sido destruidas si no las hubiera recogido Adif. En ese sentido ha argumentado que, a pesar de que la juez ha reprochado la actuación de Adif con esas piezas, también ha desestimado una petición para que sean examinadas.
