El trigésimo aniversario del Pacto de Toledo marca un momento histórico para completar el modelo de pensiones. De la recomendación 14 de 1995 a la 16 de 2020, la concertación social vuelve a ser clave: sindicatos y empresas deben liderar el desarrollo del segundo pilar en diálogo con el Gobierno, en línea con la hoja de ruta marcada por la Comisión Europea.
España afronta un reto que no admite demora: garantizar ingresos adecuados en la jubilación en un contexto de envejecimiento acelerado, mayor esperanza de vida y carreras laborales cada vez más fragmentadas. El sistema público seguirá siendo la base sólida del modelo, pero el pleno desarrollo de los tres pilares es imprescindible para asegurar sostenibilidad y suficiencia futura. Es hora de reforzar los pilares complementarios y hacerlo con visión estratégica.
Este año se cumple el trigésimo aniversario del Pacto de Toledo, que en 1995 sentó las bases de la reforma del sistema público sobre la concertación social. Entonces, la recomendación 14 ya apuntaba la necesidad de impulsar sistemas complementarios. Veinticinco años después, la revisión de 2020 lo reafirmó en su recomendación 16, instando a desarrollar el segundo pilar mediante negociación colectiva y diálogo social. Hoy, este aniversario es una oportunidad para dar el paso definitivo: activar un pacto estratégico y social que complete el modelo de pensiones en la senda del Pacto de Toledo.
La Comisión Europea ha marcado el camino con un paquete legislativo ambicioso que sitúa la previsión social complementaria en el centro de la agenda social. Según el comunicado oficial del 20 de noviembre de 2025, el objetivo es claro: “todas las personas deben poder mantener un buen nivel de vida en la jubilación” y para ello se propone un enfoque global que complemente, no sustituya, las pensiones públicas. Las medidas buscan aumentar tanto la demanda como la oferta de pensiones complementarias, respetando la autonomía de los Estados miembros y de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.
Apenas el 16,9% de los trabajadores dispone de un sistema de previsión social empresarial, frente a las EPSV en el País Vasco
Entre las medidas más relevantes, Bruselas propone implantar el sistema de autoenrolment en los planes de pensiones, de manera que la afiliación automática se convierta en la opción por defecto para aumentar la cobertura, respetando siempre la libertad individual de optar por salir. Además, plantea la creación de sistemas globales de rastreo de pensiones y cuadros de indicadores nacionales y europeos para evaluar cobertura, sostenibilidad y suficiencia. Junto a ello, se refuerza la Directiva IORP II para mejorar la gobernanza y eficiencia de los fondos de empleo, eliminando obstáculos a la consolidación y reduciendo costes. Finalmente, se introduce un “PEPP básico”, un producto paneuropeo de pensiones personales asequible, accesible y con un trato fiscal comparable entre Estados miembros.
Estas medidas no son meros ajustes técnicos: son una hoja de ruta para construir un modelo más sólido y equitativo. El autoenrolment, ya defendido por EIOPA antes del pronunciamiento de la Comisión, se confirma como una herramienta decisiva.
Sin embargo, España presenta una cobertura muy baja en el segundo pilar: apenas el 16,9% de los trabajadores dispone de un sistema de previsión social empresarial, frente a las EPSV en el País Vasco, que alcanzan una cobertura cercana al 45% de la población adulta, con un patrimonio equivalente al 31,7% del PIB de Euskadi.
Para revertir esta situación, no basta con ajustes normativos: urge un gran pacto social y político que impulse el desarrollo del segundo pilar. El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, junto a OCOPEN y el Instituto de Actuarios de España, defiende con firmeza esta necesidad. Igual que el Pacto de Toledo tuvo como base la concertación social, hoy los agentes sociales —organizaciones sindicales y empresariales— deben desempeñar un papel protagonista en la negociación colectiva, integrando la previsión complementaria en los convenios y asegurando que las aportaciones de empresa y trabajador se conviertan en una realidad.
Incluir planes de empleo en la negociación colectiva es un propósito interesante.
Para avanzar en el desarrollo del segundo pilar, España necesita medidas concretas que garanticen su implantación efectiva. Entre ellas, se propone incorporar cláusulas normativas en el Estatuto de los Trabajadores que faciliten la inclusión de planes de empleo en la negociación colectiva, establecer aportaciones mínimas con cofinanciación pública e incentivos fiscales para empresas y trabajadores, y diseñar un modelo de autoenrolment adaptado a la Constitución, respetando siempre el derecho de opt-out. Asimismo, se recomienda favorecer el cobro de las prestaciones en forma de renta para asegurar ingresos estables en la jubilación, crear un portal nacional de rastreo de pensiones integrado con el sistema europeo para ofrecer transparencia y confianza, e impulsar campañas de educación financiera que conciencien sobre la importancia de los sistemas complementarios.
La comisaria Maria Luís Albuquerque, Comisaria Europea de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, lo resumió con claridad: “Insto a todas las partes interesadas, incluidos los Estados miembros, a aunar esfuerzos, ya que una ejecución efectiva a nivel nacional será fundamental para alcanzar esos objetivos comunes”.
El tiempo apremia. Treinta años después del Pacto de Toledo, España debe dar el paso: transformar la previsión social complementaria no es solo una cuestión económica, es un compromiso con el bienestar de las próximas generaciones.