En un reciente caso en el municipio de Cosuenda, Zaragoza, parece que ni el alcalde ni los dos concejales más influyentes en su gobierno entendieron el principio de la libertad de expresión por parte de sus vecinos. En lugar de aceptar las críticas constructivas, optaron por una reacción agresiva y desproporcionada, lo que finalmente les ha valido una condena por coacciones, tal como informa el Heraldo de Aragón.
El tribunal que los juzgó no solo los halló culpables de intentar silenciar a un vecino mediante amenazas, sino que también les lanzó una severa advertencia sobre los peligros de su comportamiento. El juez dejó claro en su sentencia que el papel de los políticos no es, ni debe ser, el de amedrentar o callar a quienes ejercen su derecho a opinar.
El juez llamó la atención al alcalde, que mandó callar a un vecino con amenazas
“Son los ciudadanos quienes deben fiscalizar la actividad de los políticos y no al contrario”, recordó el magistrado en su fallo, subrayando que, al intentar coaccionar a este vecino, los acusados estaban actuando en contra de los valores democráticos fundamentales. Esta lección parece haber sido ignorada por algunos, que olvidan que el poder político se debe al pueblo, y no al revés.
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Las críticas cuestan mucho de aceptar, y mucho menos cuando se trata de figuras públicas. No obstante, quienes asumen responsabilidades en el ámbito político, como el cargo de alcalde o concejal, deben ser plenamente conscientes de que, en algún momento, las críticas formarán parte de su día a día.