La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia que condenó a un ingeniero técnico y a un tractorista a dos años de cárcel y al pago de más de 200.000 euros por una imprudencia grave. Esta provocó un incendio que calcinó 62 hectáreas protegidas de la zona de Villa del Prado en 2020. Los magistrados han concluido que no queda acreditada su responsabilidad en el suceso.
En la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EFE, la Sección 29 de la audiencia madrileña estima los recursos que interpusieron los dos acusados contra una sentencia previa, que se dictó en junio de 2024 por un juzgado de Móstoles. Este les condenó por un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid les absuelve.
Ambos acusados fueron condenados, además de la cárcel, al pago de una multa de 2.880 euros. Además, debían abonar conjuntamente 230.000 euros más a la Comunidad de Madrid en concepto de responsabilidad civil por el coste de la extinción del incendio y por la responsabilidad medioambiental.
Revocada
Una sentencia previa les condenó por un delito de incendio forestal por imprudencia grave
En la anterior sentencia, ahora revocada, los magistrados argumentaban que, el 23 de julio de 2020, el ingeniero técnico dio la orden al tractorista para que arase una finca ubicada en Villa del Prado, en la cuenca del río Alberche. Detallaban que no habían tenido en cuenta las condiciones ambientales y climáticas (temperatura alta y poca humedad) y que actuaron “sin adoptar medida preventiva alguna para controlar el incendio en caso de que se produjera”.
El tractorista rozó una piedra mientras araba la finca. Esto provocó chispas que empezaron un incendio que se propagó rápidamente por una zona especial de conservación de las cuencas de los ríos Alberche y Cofio. Los expertos tardaron 6 horas en extinguir el fuego, detalla la sentencia originaria. Tras el fallo, el abogado del arquitecto técnico presentó un recurso alegando que no quedaba constatado que no se hubieran adoptado las medias preventivas necesarias. La nueva sentencia les ha dado la razón.
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El letrado argumentaba que, aunque aquel día el nivel de riesgo era alto, con una temperatura de 39 grados, una humedad del 27% y una probabilidad de ignición del 80%, no estaba prohibida la realización de tareas de arado y “no se requería autorización del Infoma” para llevar a cabo estas tareas.
Respecto al tractorista, afirma que, una vez que vio que se inició el incendio, “intentó controlar y apagar el mismo, y, llamó a los servicios de emergencia, una vez que comprobó el alcance y propagación del mismo”.