Un arquitecto de Vigo ha sido condenado a indemnizar con 295.655 euros a un cliente por no informarle de manera correcta sobre la imposibilidad de edificar en una finca que este había comprado expresamente para eso. El terreno, ubicado en la isla de Toralla, en Vigo, resultó ser no edificable debido a las restricciones urbanísticas que impiden su acceso a una vía pública pavimentada, lo que excluye a nivel legal la posibilidad de construir en él.
El arquitecto no asesoró correctamente a su cliente
Indemnización por una mala praxis
El caso se remonta a 2016, cuando el comprador adquirió la parcela de 240.000 euros con la asesoría del arquitecto, que fue contratado para evaluar el aprovechamiento urbanístico de la propia finca. Sin embargo, tras la compra, un vecino advirtió al comprador de que la licencia para edificar en la parcela le había sido rechazada por el Concello debido a que la finca no contaba con acceso público, y que probablemente su caso sería igual. Y así fue. En 2021, el Tribunal Supremo confirmaba esta restricción, lo que dejó al comprador sin poder llevar a cabo sus planes de construir una vivienda en ese terreno.
Tras poner la denuncia, la indemnización solicitada por el cliente asciende a los 295.655 euros, que cubren la diferencia entre el precio de compra de la parcela y su valor real, tras confirmarse su inhabilidad para la construcción, además de incluir el impuesto de trasmisiones patrimoniales abonado, los honorarios del arquitecto, el pago del estudio arqueológico y otros trámites, y los gastos del pleito contencioso perdido contra el Concello.
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El arquitecto, que alegó que su cliente ya estaba al tanto de las dificultades urbanísticas de la parcela, intentó rebajar la indemnización a 12.000 euros, apelando a la posibilidad de que en el futuro se pudiera obtener la licencia si la comunidad de propietarios decidiera ceder el vial al Concello. Sin embargo, los magistrados desestimaron esta opción por ser un “hecho hipotético”.
De esta manera, la Audiencia Provincial de Vigo ratificó la sentencia, haciendo énfasis en que, aunque el comprador tuviera ciertos conocimientos sobre el sector inmobiliario, era responsabilidad del arquitecto proporcionarle una asesoría clara y completa sobre la normativa técnica y urbanística aplicable al terreno.