Cae una red por un fraude en el IVA de más de 12 millones de euros

Andalucía

Los diez detenidos, que comercializaban al por mayor con gasóleo, utilizaban sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes que vendían en estaciones de servicio 

Un vehículo de Policía Nacional estacionado

Un vehículo de Policía Nacional en una imagen de archivo

POLICÍA NACIONAL / Europa Press

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos entre 2022 y 2023. Un total de diez personas han sido detenidas en distintas provincias españolas, y el presunto cabecilla de la red estaba afincado en Málaga.

Según han informado fuentes policiales, la llamada operación Capibara ha permitido destapar “un complejo entramado societario”, supuestamente liderado por un principal investigado, administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba “con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros”.

Operación Capibara

Ocho de los arrestados lo han sido en Andalucía mientras que los dos restantes han sido detenidos en Asturias y Vizcaya

De las diez personas detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal, seis fueron arrestadas en la provincia de Málaga, y los otros cuatro en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias.

Agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Málaga iniciaron a principios de año una investigación en la que, aunando la información de carácter fiscal, financiero y policial, consiguieron detectar la comisión de un fraude en materia de IVA en el sector de hidrocarburos que superaba los 12 millones de euros.

Así, tras este fraude millonario se situaba una compleja red societaria del sector de hidrocarburos con domicilio social en Málaga que, tras la correspondiente comercialización al por mayor de gasóleo, defraudó grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA del 21% correspondiente.

La red, con sede en Málaga, operaba en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor

El Cuerpo Nacional de Policía ha indicado que el modus operandi empleado por la organización criminal “siempre se repetía en el tiempo, beneficiándose de ciertos resquicios normativos que regulan la comercialización de los hidrocarburos”. Además, los investigadores constataron cómo los sospechosos “operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor”.

El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal, “adquisiciones en las que no se soporta el impuesto”. 

A la organización se le atribuye la propiedad de numerosos inmuebles con un valor superior a los diez millones de euros

Más tarde, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras, solicitando un aplazamiento de pago.

Gracias a la investigación se recogieron evidencias que se trataría de un entramado de empresas controladas por una única persona, la cual se valía de personas interpuestas como administradores de las mismas.

La apropiación de las cuotas de IVA por la organización permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes.

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Finalmente, el pasado 8 de julio, y bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, se practicó de forma coordinada la explotación de la operación, que se saldó con diez personas detenidas, la intervención de 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar.

A la organización se le atribuye la propiedad de numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los diez millones de euros y respecto de los que se han tomado medidas por parte de la autoridad judicial para asegurar las futuras responsabilidades derivadas de los hechos investigados.

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