Un ex secretario penal del Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes (Argentina) acaba de recibir su segunda condena. Esta vez deberá ingresar cuatro años en prisión por haber ordenado una escucha ilegal a su propia esposa porque sospechaba de una infidelidad. El fallo ha condenado a Pablo Carlos Molina (54), quien ya había sido condenado previamente por beneficiar a poderosos narcos que operaban en la localidad de Itatí.
En la última audiencia, el imputado ha preferido mantener el silencio. En su nombre, sus abogados defensores han puesto en duda que la firma estampada en el oficio que ordenaba las escuchas pertenezca a Molina, ya que no ha habido una pericia caligráfica que lo corrobore.
Apenas ha escuchado el fallo, Molina se ha mostrado visiblemente molesto, negando con la cabeza, sin levantar la vista. Además de los cuatro años de cárcel por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real, los jueces Manuel Moreira, Fabian Cardozo y Jorge Gallino le han condenado a una inhabilitación absoluta durante ocho años.
Antecedentes
Es su segunda pena de Pablo Molina, quien ya fue sentenciado por beneficiar a narcos junto al magistrado
El fiscal general Carlos Schaefer y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, habían pedido que Molina fuera sentenciado a cinco años de cárcel. Pedían imputarle también el delito de violación de los deberes de funcionario público.
Molina ha sido juzgado por delitos que cometió en 2014, cuando se desempeñaba como secretario penal en el Juzgado Federal de Corrientes. El funcionario, de extrema confianza del juez Carlos Vicente Soto Dávila, atravesaba una crisis con su esposa, a quien acusaba de infidelidad con un ex novio de la juventud.
El 27 de agosto de ese año, la mujer le denunció penalmente en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones. Apenas dos semanas después, Molina y el juez Soto Dávila ordenaron la intervención de la línea telefónica de la mujer y de quien el secretario sospechaba que era su amante.
Pablo Carlos Molina (el primero desde la izquierda), ex secretario del Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes que ha espiado a su esposa por celos
Según los fiscales Schaefer y Uriona, en su rol de secretario penal, Molina confeccionó y firmó el 11 de septiembre de 2014 un oficio judicial con destino a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pidiendo que se hiciera escuchas a su pareja y al amigo de la infancia. Molina justificó la escucha a esos números de teléfono argumentando que eran de personas que integraban una organización narco que estaba siendo investigada por Gendarmería desde 2013.
Un oficial de Gendarmería dijo que le resultó extraño, ya que se había dispuesto el cese de la investigación tras la detención de los sospechosos de ese caso y que los teléfonos que habían intervenido hasta ese momento eran de Paraguay, Provincia de Buenos Aires y Mendoza, no de la provincia de Chaco.
El hecho se descubrió en marzo de 2019 por un descuido del propio Molina. El ahora condenado olvidó retirar de su oficina los CD con las escuchas tras ser relevado de su cargo por beneficiar junto a Soto Dávila a una organización narco de Itatí.
El acusado deberá pasar 4 años en la cárcel por los hechos
Cuando los empleados judiciales trasladaban lo que había quedado en la oficina de Molina, se toparon con 28 discos compactos con escuchas realizadas entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. En gran parte de ellas, aparece el propio Molina insultando y amenazando a su pareja.
El funcionario incluso amenazaba a su mujer con matarse delante de su casa. En una de ellas, Molina le dijo: “¿Tú te piensas que me vas a frenar con una puerta si te quiero quitar el mate? Te piensas que con una orden me vas a frenar a mí? Soy un obsesivo cuando quiero”. El por entonces poderoso funcionario judicial sospechaba que su esposa había pedido una orden de alejamiento a la Justicia de Chaco.
Otro gendarme que intervenía en la investigación por narcotráfico en la que Molina pidió la intervención de los dos números fue tajante. Sostuvo que siguió muy de cerca esa causa porque era el único que entendía idioma guaraní y que nunca elevó esos móviles al juzgado y que tampoco sabía a quiénes correspondían.
Además de la condena a 4 años de prisión, Molina ha quedado inhabilitado durante 8 años
Un oficial de la fuerza ha declarado que Molina le comunicó telefónicamente que había ordenado esas intervenciones y que los CD con el contenido debían ser remitidos a su oficina “sin abrirlos” porque iban a ser “analizados” por el juzgado.
En su alegato, el fiscal Uriona ha dicho que Molina “procuró la intervención ilegal de su pareja y de un allegado de ésta en una causa en la que ya se había pedido el cese de la investigación, es decir, que podía lograr el archivo de forma rápida luego de obtener las intervenciones ilegales”.
Por su parte, Schaefer ha sostenido que Molina “utilizó a las instituciones del Estado para su fin espurio, ilegal y violento” y que “se sirvió de las escuchas para atacar, como quien se sirve de un arma para disparar. Es decir usó todos los medios para lograr el objetivo: saber qué decía su mujer y un particular, para atacar”.
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Molina ya tiene una condena de cinco años de prisión por ser considerado integrante de una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal y tenía como cabeza a Soto Dávila. La Cámara de Casación Penal ha elevado ahora esa pena y ahora la causa está en la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Schaefer también quiere que Soto Dávila sea juzgado por las escuchas ilegales. Es por eso que ha presentado un recurso de Casación contra la resolución de la jueza federal María Belén López Mace, decisión que ha sido avalada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
Por su parte, Molina debe volver a sentarse en el banquillo de los acusados porque, en otra causa, está procesado por la entrega irregular de un Volkswagen Bora, un Citroën Berlingo, una camioneta Volkswagen Amarok, un coche Mercedes Benz y dos camionetas Toyota Hilux que habían sido secuestrados en Posadas en el marco de una causa por lavado de activos.