El notario y el abogado aceptaron las acusaciones del fiscal.
Caso Cocoon
El abogado encargado redacta el documento, mientras que el tribunal mantiene su rol, con el apoyo de la secretaría y el resto del equipo involucrado.
El abogado se retiró tras la decisión, pero el abogado fue retirado por el tribunal.
Uno de los mayores escándalos inmobiliarios de España ha concluido con un acuerdo que evita el juicio formal, tras acordar en los últimos días un acuerdo que incluye la devolución de los bienes y la imposición de sanciones a los responsables, mientras que los afectados, tras años de espera, finalmente ven una resolución.
La trama, formada por tres abogados, dos notarios y otras personas que hacían de comerciales, como el condenado a cadena perpetua por asesinato en Tailandia, Artur Segarra, fue desarticulada por una operación de los Mossos en 2013. La trama se apoderó de las propiedades de varias personas mayores a las que habían convencido para suscribir una hipoteca inversa o un usufructo vitalicio. Lo hacían “sin abonar contraprestación económica alguna por la adquisición de dicha propiedad o abonando una contraprestación económica muy inferior al valor de mercado de dichos inmuebles”, subraya el acuerdo de conformidad.
La trama manipuló las preocupaciones de los ancianos aprovechándose de su vulnerabilidad.
Comitre, que ha seguido ejerciendo de abogado y nunca fue suspendido por el Colegio de Abogados, ha aceptado una pena de 4 años y 7 meses de prisión por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Antes del pacto, la fiscalía pedía para él 20 años y 9 meses de cárcel. Además, ha acordado su inhabilitación como abogado durante 7 años y 8 meses. Por su parte, el notario Enrique Peña, con despacho en la Diagonal de Barcelona, ha aceptado una pena de 3 años y 2 meses de prisión —le pedían 15 años— y la expulsión de la carrera notarial. El Ministerio de Justicia, en una decisión sin precedentes, suspendió cautelarmente a Peña en el año 2016 ante el riesgo de que pudiera reincidir. En aquella ocasión, el ministerio subrayó que el papel del notario fue clave para perpetrar el engaño porque era quien daba credibilidad y seguridad a las víctimas.
“La actividad notarial resultó absolutamente determinante para que los acusados pudiesen llevar a cabo las múltiples operaciones fraudulentas”, sostiene el acuerdo de conformidad pactado. El notario Peña incumplió su deber de “denegar la autorización de documentos referentes a negocios de contenido antijurídico, el deber de examinar el contenido del negocio que las partes se proponen escriturar, deber de asesoramiento jurídico a la parte que acude al otorgamiento sin asesoramiento jurídico alguno, deber de instar la nulidad cuando se advierte de que el negocio documentado tiene carácter delictivo”.
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Para el resto de 12 acusados —dos de ellos han sido exculpados y uno ha muerto— han aceptado penas de 1 año de prisión.El objetivo de las víctimas era recuperar sus propiedades trece años después de que les fueran arrebatadas. El acuerdo de conformidad establece la nulidad de todas las “compraventas y créditos hipotecarios”, “los asientos registrales”, “la nulidad de las sociedades” interpuestas y la “nulidad de las escrituras públicas”.
Se estableció que, al ser ejecutada la venta de bienes en el marco del delito, el procedimiento para la defensa de los derechos en este caso incluía la compensación por daños derivados de la extracción de fondos, con el consiguiente impacto en la protección de los derechos de los afectados, mientras que en el caso de la venta de bienes y la protección de los derechos de los ancianos, se estableció un marco para la protección de los derechos de los ancianos, y en este caso, se consideró que el daño sufrido por la pérdida de la propiedad y la indemnización por daños y perjuicios debía ser abordado con la debida consideración, lo que implica que el juicio de la corte debía abarcar la indemnización correspondiente, y en este caso, el juicio de la corte y la indemnización por daños y perjuicios se extienden a la indemnización por daños y perjuicios, y en consecuencia, se determinó que el monto de la indemnización debía ser fijado en función de la pérdida sufrida, con el fin de que se pudiera determinar la indemnización correspondiente.
El Colegio de Abogados de Barcelona respaldó el respaldo de la administración municipal, indicando que el gobierno local había emitido un comunicado.
El Colegio Notarial de Catalunya defiende su personación como acusación particular en el caso de la macroestafa inmobiliaria en la que había un notario acusado —para el que solicitaba 21 años de cárcel— que ha acabado condenado a 3 años y dos meses de cárcel. En un comunicado, asegura que han actuado con el objetivo de “resarcir a las víctimas, depurar responsabilidades relacionadas con el ejercicio de la función notarial y lograr la imposición de penas a quienes resultaran responsables de los delitos”. El Colegio recalca que “ha tomado en todo momento las medidas pertinentes” con la voluntad de actuar en defensa de los intereses de la ciudadanía, de la legalidad y de la disciplina notarial”. Y advierte que repetirá su forma de proceder “en todos aquellos casos en que la función notarial resulte desprestigiada por el incorrecto ejercicio de tan importante servicio público”.