No es la primera vez que ocurre, ni mucho menos. De hecho, es la tónica general, al menos, en materia de servicios sociales: el dinero que destinan las comunidades autónomas para asistir a los ciudadanos más vulnerables disminuyen cuando el Gobierno de España aumenta la partida para incrementar la asistencia o si crea una nueva figura de apoyo a los que más lo necesitan.
Ha ocurrido con los recursos que se destinan a la dependencia y ahora ocurre lo mismo con el dinero que se destina a la renta mínima de inserción (RMI): trece comunidades han reducido su aportación para asistir a los que menos recursos económicos tienen desde que el Gobierno estatal creó hace tres años el ingreso mínimo vital (IMV). Desde el 2021, 320 millones de euros.
Uno de cada tres beneficiarios que optaban a esa ayuda la han perdido
Y eso se traduce en que se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios que optaban a esa ayuda que se da a personas con riesgo de exclusión social, que carecen de unos ingresos mínimos con los que alcanzar una calidad de vida básica.
Así lo indica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con los datos recogidos del Ministerio de Derechos Sociales del 2023, que denuncia, como ya hiciera con el dinero destinado a la dependencia, que muchas comunidades destinaron su “ahorro” en el presupuesto de sus RMI “a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”.
Los casos más destacados son de los Aragón y Madrid, que han reducido su gasto la friolera del 96,2% y 91,1%, respectivamente. Según esta entidad, esta última región (también Castilla y León ) justifica esta reducción en que ese dinero “ahorrado” se va a destinar a reforzar otros servicios sociales. Pero la realidad es que 9 de cada diez personas que tenían ese RMI en Madrid ya no disponen de él.
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía han reducido de manera drástica el dinero a la RMI
Le siguen Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%). En el otro extremo Canarias aumentó su presupuesto un 103%, Baleares (74,7%), Comunidad Valenciana (18,6%) y País Vasco (4%).
Sólo el 5,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI de las comunidades. Esto es 571.732 personas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, salvo en el año de la pandemia (2020), tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%.
También este aspecto encubre diferencias extremas: País Vasco (51,2%) y Navarra (38,2%), destacan con porcentajes que superan o se acercan, al 50%, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, en cinco comunidades sus RMI ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la pobreza: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%).
