En estos tiempos de polarización y desacuerdos, hoy se ha alcanzado un acuerdo estatal que beneficiará a casi 130.000 niños y niñas (año 2023). Los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado, por primera vez, un acuerdo a nivel estatal encaminado a mejorar la atención temprana y reducir los tiempos de espera, de modo que el plazo máximo para que los menores de 6 años reciban una atención de calidad y gratuita debería ser de 45 días desde que se detecta el caso.
Este es el principal compromiso del acuerdo aprobado en la conferencia multisectorial en la que han estado presente los ministros Pablo Bustinduy y Mónica García. El acuerdo, que incluye una dotación económica de casi 42 millones de euros que el departamento de Bustinduy repartirá entre las comunidades con cargo al Fondo Social Europeo Plus, fija el plazo máximo de 45 días para intervenir en atención temprana desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo.
Esos 45 días es el plazo de referencia que marca la Garantía Infantil Europea y es una recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada en 2021.
El acuerdo incluye una dotación económica de casi 42 millones de euros
El período de 0 a 6 años es clave, señala la evidencia científica, para garantizar un desarrollo infantil saludable que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o dependencia.
Desde Derechos Sociales y Sanidad recuerda la importancia de reducir la espera en atención temprana y alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y niñas con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad.
Entre ellas, se pueden ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial.
45 días es el plazo de referencia que marca la Garantía Infantil Europea
Así mismo, inciden desde ambos ministerios, la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía.
El plazo para la completa implantación de estas medidas será el año 2030, de modo que “se va a ir implementando de forma gradual”, y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), dado que en el marco de este plan se distribuirán fondos a las comunidades autónomas para impulsar la implementación de las medidas contempladas en el Consenso Estatal.
Además de establecer el tiempo de espera, incluye mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de atención temprana; implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa; implementar procesos eficaces de colaboración y participación activa de las familias; promocionar la prevención primaria; garantizar la valoración e intervención integral; el desarrollo de equipos profesionales y formación continua de profesionales implicados en la atención temprana; y optimizar los sistemas de información y registro.
Las comunidades deben disponer de una red de Atención Temprana
El acuerdo contempla que todas las comunidades dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos cuenten con una norma que regule específicamente la materia. En esta normativa deben establecerse los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.
El sistema debe también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc... En este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.
