Los sindicatos médicos, apoyados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), lo tenían claro hoy: había que hacer mucho ruido, al ritmo de la famosa canción que sonaba a las 20 horas durante la pandemia, Resistiré del Dúo Dinámico, frente al Ministerio de Sanidad, para que la responsable del mismo, Mónica García, escuchara bien claro su rechazo. Se oponen al borrador de Estatuto marco (la ley básica que regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud) que está negociando Sanidad con los profesionales sanitarios. Los médicos no quieren estar con el resto de profesiones sanitarias, porque ellos son los responsables últimos de las decisiones, según han indicado repetidamente en el Paseo del Prado de Madrid.
La concentración ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); el Sindicato Médico Andaluz; Metges de Catalunya; la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) y el Sindicato Médico de Euskadi, el de Navarra, el de Galicia y el Canarias.
¿Una concentración cuando aún se están llevando a cabo las negociaciones del Estatuto marco? Sí, insisten, porque quieren un trato diferencial. Y creen que estas medidas de presión (esta semana también se concentraron en sus respectivos territorios) está surtiendo efecto. Según el presidente de la CESM, Miguel Lozano, Mónica García “ya está reculando” del actual texto. Ha tomado conciencia de nuestra presión, nos está escuchando y queremos que acepte nuestras propuestas: queremos un estatuto propio de la profesión médica o al menos que tenga un apartado regulatorio”. Uno de los puntos de conflicto es la exclusividad que pide Sanidad a los jefes de servicio.
Los facultativos defienden que deben tener un trato diferente por su responsabilidad y los años de estudio
Lozano se refería a las declaraciones de la ministra en RNE en las que esta mañana ha señalado que no comparte una regulación específica para los facultativos: “Diferenciar, segregar o atomizar este estatuto sería volver a los años 70. Separar a unos profesionales de otros significaría sacarles de la Función Pública”, ha declarado. Pero ha añadido la ministra que sí cree que “tiene que haber un capítulo, una parte dedicada a las particularidades de los profesionales médicos, porque entre otras cosas hacemos guardias y tenemos jornadas laborales diferentes al resto de los profesionales, pero ese capítulo cabe dentro del Estatuto marco”.
Desde Sanidad se ha aclarado luego que “eso no significa que se vaya a hacer un capítulo nuevo específico, no hay ninguna novedad al respecto, sino que se refiere a que todas las particularidades de la profesión médica ya están contempladas en los diferentes epígrafes del Estatuto marco”.
La secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández, también ha recibido favorablemente la propuesta de García. “Mientras que haya una regulación específica que mejore nuestras condiciones, nos da igual que sea dentro de un estatuto propio, aunque sea deseable, o que sea un capítulo y que se negocie con nosotros esa parte dentro del estatuto marco”, ha dicho.
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Al hilo, el presidente del CGCOM, Tomás Cobo, también ha defendido la particularidad de la profesión frente al resto de profesionales sanitarios. “Tenemos de 12 a 13 años de formación en competencias y en conocimientos y lo que pedimos es la lucha por esas particularidades, pero no como una ventaja corporativista, sino como consecuencia de la especificidad de nuestro desarrollo profesional, como consecuencia de la responsabilidad que tenemos a la hora de liderar el acto médico”.
Entre las reclamaciones de los médicos destacan una nueva reclasificación profesional acorde con su formación y con vinculación retributiva; mejoras en el sistema de jubilación; protección ante las incompatibilidades; una reducción de la jornada laboral; medidas para proteger la salud laboral de los médicos. Además piden garantizar la conciliación laboral y personal, que los salarios permitan la exclusividad laboral en el SNS para evitar una fuga de personal a la privada; la reducción de las horas de guardias sin merma retributiva, o la igualdad salarial en todas las comunidades.
