En cinco años se precisarán al menos 261.000 cuidadores de dependientes más que ahora

El reto de los cuidados

Gobierno y comunidades se reúnen para analizar cómo encontrar más profesionales, algo que pasa por mejorar claramente las condiciones laborales de un colectivo feminizado, según Bustinduy

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La mayoría de las profesionales de cuidados son mujeres, mal pagadas, con contratos parciales y que corren riesgos contra su salud

REDACCIÓN / Terceros

La población española envejece, por mucho que se hayan ganado años a la vida y que se haya extendido esa idea de que los viejos serán siempre otros frente a una juventud que se prolonga hasta más allá de tener la cabeza sembrada de canas. Y el envejecimiento, en muchos casos, lleva aparejado limitaciones físicas y psíquicas. Y se precisarán (ya se precisan) muchas personas trabajadoras que se encarguen de asistir a los dependientes, ya sean en el domicilio o en centros residenciales. Se estima que en el 2030 serán 2.055.172 las personas dependientes, lo que supone un 27% más respecto a las 1.644.073 personas atendidas en 2024. 

Pero, ¿cuántos trabajadores se necesitarán? Según el estudio “Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030”, presentado esta mañana por los responsables del Ministerio de Derechos Sociales, para mantener la cobertura actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) se necesitará un total de 751.000 trabajadores, lo que requiere incorporar a 261.400 personas más de aquí a 2030. 

Este aumento supone incrementar el número de personas dedicadas a los cuidados un 53% en los próximos cinco años respecto a las 489.900 personas que estaban empleadas a finales de 2024.

Pero esto es si se mantienen las coberturas actuales, claramente insuficientes. ¿Y si se atienden a más personas y se amplían los servicios? Ese escenario supondría atender a 851.000 personas más (un 52% más que ahora), lo que supondría ampliar el colectivo laboral dedicado a los cuidados en 414.600 personas, un 85% más que en este momento.

El informe también dibuja dos nuevos escenarios de necesidad de profesionales muestran universalidad de los servicios, mejores, más frecuentes y menos basados en los cuidados de las familias, y que oscilan entre los 379.000 y los 639.000 profesionales más.

Ante este panorama, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado la creación de una comisión interministerial que trabajará para garantizar la incorporación de profesionales al Sistema para la Atención a la Dependencia y para acelerar el cambio de modelo de cuidados de larga duración.

Bustinduy ha dejado claro que no sólo se precisan más profesionales, también mejorar sus condiciones laborales: “El trabajo de cuidados no solo va a necesitar a más personas, también una mejora de condiciones y una revalorización de esta labor en la sociedad”. Y es que, los profesionales del sector (la gran mayoría, mujeres), cobran un 35% menos la hora que la media, la mitad tienen contratos parciales, más del doble trabaja en turnos de noche y los domingos y el 73% sufre riesgo para su salud en el desempeño de su trabajo.

Bustinduy ha explicado que su departamento ha puesto en marcha un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para analizar las dificultades existentes para encontrar profesionales y se estudiarán formas de encontrar vías para facilitar la empleabilidad y hacer el sector más atractivo.

La primera reunión de este grupo de trabajo se celebra hoy y comienza con la exposición detallada del informe presentado y una explicación de su metodología “para que los gobiernos autonómicos puedan replicar el estudio en sus territorios y conocer sus necesidades laborales específicas en la Dependencia”, señalan desde Derechos Sociales.

Para Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, esta evolución demográfica supone “un desafío para las instituciones, pero, sobre todo, un motivo de celebración porque las personas vivan cada vez más años”. Para conseguir este desafío, ha explicado Martínez, “necesitamos contar con las trabajadoras necesarias para ofrecer unos cuidados de calidad y que cuenten con unas buenas condiciones laborales”, y ha añadido que las administraciones públicas deben esforzarse para garantizar que la ampliación del tiempo de vida “vaya de la mano de la ampliación de los derechos y la calidad de vida”. Para ello, la secretaría de Estado ha enfatizado en la necesidad de que las políticas públicas sobre cuidados tengan una perspectiva de largo plazo e incluyan a todos los actores involucrados.

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