Quienes no tuvieron más remedio que vivir la dictadura franquista nunca olvidarán algunos de los instrumentos de los que se sirvió la autarquía para reprimir cualquier atisbo de disidencia. El Tribunal de Orden Público (TOP) podía aplicar incluso la ley de vagos y maleantes a un homosexual por el mero hecho de serlo y desterrarlo a Tefía (Fuerteventura). La Brigada Político Social detenía y los jueces del TOP sentenciaban.
Pero a la hora de enumerar las herramientas del franquismo no todos recuerdan el protagonismo del Patronato de Protección a la Mujer, que tuvo una aliada insustituible en la Iglesia y que fue de hecho un método de represión para hijas, hermanas y esposas “descarriadas” o “díscolas”. Sufrir una agresión sexual o acudir a una manifestación contra el régimen podía acabar con cualquier ciudadana en este reformatorio de mujeres.
Madres solteras parían en pésimas condiciones y les robaban los bebés”
Y ser madre soltera, discutir con unos padres autoritarios o, simplemente, no someterse al arquetipo de mujer sumisa que defendían instituciones como la Sección Femenina, primero, y los usos sociales impulsados por el régimen, después. La Iglesia española, que durante años miró para otro lado o rehuyó la cuestión, se ha decidido por fin a pedir perdón por su papel en la represión y torturas de todas aquellas mujeres.
Nada resume mejor el ambiente imperante en estos centros que una carta que sor Felisa Iglesias, de las Oblatas del Santísimo Redentor, dirigió en junio de 1970 a la Junta Provincial del Patronato en Pontevedra. La monja lamentaba que en su “colegio”, como denominaba al reformatorio o internado sin control judicial que dirigía, se hubiera ingresado a un “verdadero desastre” de niña, “pues es gitana y eso basta”.
La carta de sor Felisa
Sor Felisa añadía que en estos lugares hay otras muchas niñas que “aunque tengan algo que corregir“ nunca son como las personas de etnia gitana, a las que calificaba de “seres que no tienen solución y no hacen más que dar mal ejemplo” y observar “mala conducta”. Por cierto, el Patronato, aunque eso se trató de ocultar mucho tiempo, también estuvo implicado en el robo de recién nacidos y en adopciones irregulares.
Estaba previsto que la Confederación Española de Religiosos (Confer) realizara el pasado día 29 en Madrid “un acto de reconocimiento y petición de perdón a las supervivientes del Patronato de la Mujer”. La solicitud pública de disculpas, que iba a tener lugar también ante representantes de las Oblatas y otras congregaciones religiosas, además de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pospuesto al 9 de junio por el fallecimiento del papa Francisco.
La Confer, está formada “por los superiores mayores de los institutos y sociedades de vida apostólica”, que representan a 404 congregaciones, 4.100 comunidades y 32.000 religiosos y religiosas. A pesar del relativo olvido sobre sus actividades, el Patronato funcionó desde 1941 hasta 1985 y fue una de las instituciones franquistas que más años sobrevivió a un dictador que se autoproclamó “caudillo de España por la gracia de Dios”.
La petición de disculpas de la Iglesia, el 9 de junio si no hay más aplazamientos, permitirá rescatar realidades aún poco conocidas de “un reformatorio disfrazado, una cárcel oculta para retener y torturar a adolescentes y mujeres rebeldes, huérfanas o violadas, a veces por sus propios padres”, en palabras de Consuelo García del Cid, a la que una familia de derechas ingresó allí a la fuerza y sin control judicial alguno para castigarla y combatir su inclinaciones progresistas.
Consuelo García del Cid, en el Parlament de Catalunya
García del Cid es una de las personas que más ha luchado, por no decir la que más, “para que todo aquello no se olvide”. Autora de una obra que relata su propia experiencia y la de otras, Las desterradas hijas de Eva, dejó sin aliento a los integrantes de la comisión del Parlament de Catalunya que investigó la pederastia y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Su testimonio se puede recuperar íntegramente aquí.
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La comparecencia de esta activista, el 15 de mayo del 2023, sirvió de caja de resonancia para el movimiento Justicia para las Represaliadas del Patronato (JRP), que lleva años y años exigiendo una comisión específica sobre esta institución y sobre cinco de sus congregaciones colaboradoras: las ya citadas Oblatas, junto a las Adoratrices, el Buen Pastor, las Terciarias Capuchinas y la orden secular de las Cruzadas Evangélicas.
Algunas de estas órdenes, como denuncia la plataforma JRP, “han sido premiadas por su defensa de los derechos humanos”, prueba del velo mediático e histórico del que tanto se han beneficiado. El Patronato, dice García del Cid, camufló suicidios como intentos de fuga (“¿quién huiría arrojándose de una quinta planta en bragas y sujetador?”) y robó bebés en las maternidades donde las internas eran obligadas a dar a luz en pésimas condiciones (“si te diste el gusto, sufre ahora el disgusto”).
