La continuada situación de agresión y explotación sexual que sufrió una menor de 12 años que se encontraba bajo la tutela de la DGAIA ha provocado un terremoto político y social en Catalunya. La Generalitat ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa y también el Síndic de Greuges ha anunciado que investigará el caso. Porque el riesgo de explotación sexual de las menores tuteladas es una de las problemáticas que más preocupa a este organismo.
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En 2021 la sindicatura ya abrió una investigación de oficio sobre la explotación sexual de adolescentes en centros tutelados después de tener conocimiento de la detención de seis hombres acusados de explotación y abuso sexual de dos adolescentes que se encontraban en estos momentos bajo la tutela de la Direcció d’Atenció a la Infancia i Adolescencia (DGAIA) y que se habían escapado del centro. Y justamente esta actuación sirvió como “base” de otro informe dos años más tarde (en noviembre de 2023) que avisaba que el riesgo de explotación sexual es más elevado entre adolescentes que residen en “centros del sistema de protección”. Avisaba y alertaba, además, del riesgo de las fugas en menores.
Dicho informe, que recibió como título La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y adolescencia y que cuenta con casi 250 páginas, denunciaba las carencias estructurales del sistema y pedía a la DGAIA que adoptara todas las medidas específicas posibles para evitar que los menores sufran estas situaciones.
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Pero ya en 2021 y en la misma línea, el Síndic solicitó a la DGAIA que tomara medidas para reducir el nombre de escapadas de adolescentes de los centros. También solicitaba que se orientara a los profesionales de los centros para “prevenir, detectar e intervenir ante cualquier victimización sexual”, que valorara establecer algún mecanismo de cribaje que haga posible detectar situaciones de explotación sexual, que estudiara la posibilidad de crear un centro especializado para tratar adolescentes víctimas de explotación sexual o que se considere que están en riesgo de sufrirla.
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En relación con el caso de la menor de 12 años, la sindica, Esther Giménez-Salinas, ha anunciado esta semana que información al Departament de Drets Socials i Inclusió así como también al de Educació y Salut sobre “los hechos tan graves que se denuncian, las medidas tomadas una vez se detectó los abusos a los que había sido sometida y qué atención está recibiendo a día de hoy”.
