En noviembre del 2017, a cuatro familias de Suecia les sorprendieron las exploraciones a que fueron sometidos sus hijos, menores a los que un facultativo examinó los genitales, aunque acudieron a urgencias por motivos que nada tenían que ver con el tracto urinario o el perineo. En los cuatro casos el médico fue Cristian Carretero Sánchez, natural de Girona.
La dirección del hospital sueco se puso en contacto con otros centros en los que había trabajado este médico y alertó a la policía, que obtuvo una autorización judicial para registrar su domicilio y halló cientos de vídeos de pornografía infantil. Ahora aquel médico, condenado a siete años de cárcel y que ya ha saldado su deuda con la justicia (cumplió parte de la pena en cárceles españolas), vuelve a ser noticia.
Según avanzó Catalunya Ràdio y ha confirmado este diario, el médico ha solicitado al Registro Civil cambiar sus apellidos paternos por los de sus abuelos. Ha obtenido así un nuevo DNI con el que acudió a la Universitat Autònoma de Barcelona, donde se licenció, para solicitar un duplicado de su título con su nueva y recién estrenada identidad.
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El documento, sin embargo, tiene el mismo número de registro que el anterior. Es decir, el título es el mismo y también su detentador, aunque ahora tenga otros apellidos, que comienzan con las letras E. y G. (las fuentes informantes no han precisado la identidad completa). De momento, en la Organización Médica Colegial no consta que se haya inscrito.
Este requisito es imprescindible para volver a ejercer la medicina. Pero si Cristian Carretero Sánchez quisiera volver a trabajar como pediatra, tal como hizo en Suecia –aunque según la citada emisora no tiene la especialidad– debería presentar el certificado de penales, lo que le incapacitaría para atender a niños. La primera sentencia de la justicia sueca condenó a este hombre a diez años de cárcel.
El acusado recurrió la resolución y consiguió una rebaja de tres años, con lo que la pena final quedó reducida a siete. Pasó el tramo final de la condena en las prisiones de Zuera (Zaragoza), Brians 2 (Barcelona) y Puig de les Bases (Figueres). Un informe penitenciario evaluó al recluso y vio en él “un alto riesgo de reincidencia”. Fuentes colegiales admitieron a La Vanguardia su preocupación por la noticia. “Estaremos pendientes”, dijeron.
La sentencia final se impuso por dos “violaciones graves” a menores (que en la jurisdicción del país nórdico implica la penetración con dedos u otros objetos) y otros delitos sexuales contra 43 menores (cinco menos que en la primera sentencia). El acusado también pidió a algunos padres grabaciones de la zona genital de sus hijos en consultas realizadas en línea, pero fue absuelto de estas imputaciones.