España ya dispone del listado de municipios en los que será obligatorio medir y controlar la exposición al gas radón en los centros de trabajo, una medida que se considera clave en la protección frente a uno de los contaminantes naturales más invisible y peligroso para la salud.
Son aproximadamente unos 1.700 de los 4.000 municipios españoles en los que se ha detectado la presencia de este gas radioactivo, de acuerdo con la instrucción aprobada en abril pasado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que establecía las zonas de actuación prioritaria y las directrices para la medición de este gas en el interior de los espacios laborales.
El radón, un peligro ignorado
El radón es un gas radiactivo invisible y sin olor que se libera de forma natural de las rocas, la tierra y el agua. No suele presentar niveles altos en espacios abiertos, al aire libre, pero puede entrar en las casas y edificaciones a través de pequeñas grietas o agujeros y acumularse en el aire interior, y su inhalación continuada en altas concentraciones puede causar problemas de salud y, más concretamente, cáncer de pulmón. De hecho, el radón está considerado la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón tras el tabaquismo, y la primera entre no fumadores.
Según el mapa elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear, el gas radón está presente en la mitad del territorio español, si bien las zonas de mayor riesgo se concentran en Galicia (con el 91% de sus municipios clasificados como de actuación prioritaria para la medición del radón), Extremadura (78% de municipios son de alto riesgo) y la comunidad de Madrid (59% de municipios afectados).
En cambio, Euskadi, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares y Murcia no tienen municipios calificados de “actuación prioritaria”.
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En concreto, el CSN ha incluido en la lista de “actuación prioritaria” a los términos municipales en que un porcentaje significativo de su tejido urbano se ubica en áreas con un potencial de radón superior a 300 bequerelios por metro cúbico, que es la concentración que recomienda no superar la Comisión Europea.
La nueva normativa sobre el gas radón, que entró en vigor a primeros de mayo, obliga a esas localidades a medir la concentración de radón en sus edificios durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo, o a lo largo de todo el año si no hay cierres vacacionales en esos espacios de trabajo, para conseguir resultados fiables.
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Aunque la medida afecta a todas las instalaciones laborales ubicadas en municipios clasificados como prioritarios, los especialistas aseguran que hay que prestar especial atención a aquellos que se ubican en planas bajas o subterráneas, ya sean oficinas, comercios, laboratorios, aparcamientos, gimnasios, o incluso espacios turísticos como minas o cuevas, porque son los espacios más expuestos.
Según explican los profesionales del sector, cuando en un edificio se superan los niveles de radón se deben acomete estrategias para reducirlo, que normalmente pasan por introducir modificaciones en la construcción para instalar sistemas de ventilación o de extracción del radón, así como sellado de suelos y paredes.
“No se trata de tomar medidas aisladas, sino de adoptar un enfoque integral que refuerce la seguridad de los negocios frente a riesgos invisibles como el radón”, afirma David Rodríguez, director de producto en Construction Solutions de Molins, que explica que las soluciones han de cumplir con los requisitos del Código Técnico de la Edificación, “que en las zonas de mayor riesgo exige una doble estrategia: una barrera física más una solución complementaria como un espacio ventilado o la despresurización del terreno”.
