Una encuesta a los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer revela que existen “carencias muy extendidas” e “importantes diferencias interterritoriales”, según un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Estas son las dos principales conclusiones que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha extraído de una encuesta dirigida a los titulares de 477 órganos judiciales (121 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 314 juzgados compatibles y 42 Juzgados de lo Penal), y que ha sido respondida por cerca de la mitad de los jueces. El informe refleja, entre otras carencias, que el 79 % de los juzgados no dispone de salas específicas para las víctimas o que el 61% carece de salas de espera para menores.
Escasez de recursos humanos y materiales
El informe refleja la situación que arrastran desde hace tiempo los titulares de estos juzgados, que han visto cómo el volumen de trabajo ha aumentado debido al mayor reconocimiento y concienciación social en torno a estos delitos. A este incremento se suma la escasez de recursos, tanto humanos como materiales. Según la encuesta, la satisfacción media de los jueces y juezas con los medios personales disponibles es de 2,6 sobre 5, y en el 50,7 % de los órganos judiciales se registra un alto índice de rotación del personal.
Paralelamente, a partir de octubre, estos juzgados deberán asumir todos los delitos sexuales en los que las víctimas sean mujeres –como los casos de trata, mutilación genital, matrimonio forzado y acoso–. Ante esta ampliación de competencias, prevista por la ley de eficiencia judicial que entrará en vigor el 3 de octubre de 2025, 135 jueces titulares firmaron en marzo un comunicado en el que advertían del riesgo de “colapso total”. Estiman que la sobrecarga de trabajo podría aumentar hasta un 20 % y, aunque el Gobierno ha aprobado nuevas plazas de jueces y fiscales especializados, su incorporación no está prevista hasta diciembre.
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Según el informe de esta encuesta, los profesionales valoran las instalaciones con una media de 2,9 sobre 5, con importantes diferencias entre comunidades. Los titulares más insatisfechos con las instalaciones son Baleares (2), Andalucía (2,6) y Asturias (2,8). De hecho, el 79% de los órganos judiciales de toda España no cuentan con espacios específicos destinados a las víctimas y el 90,5 % no cuenta con punto de encuentro familiar. Además, poco más de un tercio de las instalaciones (38,9 %) tienen salas de espera para los hijos de las víctimas y solo el 31,2 % dispone de cámara Gesell (espacios separados por un espejo unidireccional, que permite preservar el testimonio de víctimas vulnerables).
Otro de los aspectos peor valorados por los jueces y juezas son los cursos para agresores, que apenas alcanzan una puntuación de 2,2, en gran parte debido a que no hay disponibilidad en el 71,6 % de los órganos judiciales. Los dispositivos de control telemático para agresores también suspenden con la misma nota. Las principales quejas apuntan a los retrasos en su instalación –en el 30 % de los casos, superiores a cinco horas– y siete de cada diez jueces no está satisfecho con el procedimiento de comunicación y resolución de incidencias.
Solo el 28% dispone de cursos para agresores
La disponibilidad de letrados de oficio es elevada en todo el territorio: 83,7%. El peor dato se lo lleva Extremadura, con disponibilidad de letrados de oficio en el 58,3 % de los órganos judiciales. En el extremo contrario están Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid, en las que el 100% de los juzgados cuentan con estos profesionales.
Las unidades de valoración forense integral obtienen una puntuación media de 2,9, aunque son frecuentes las críticas sobre el retraso en la emisión de informes debido a la falta de profesionales. En el 44% de los órganos judiciales las demoras superan los seis meses, siendo más ágiles las unidades de los juzgados de lo penal.
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Las oficinas de asistencia a las víctimas son las que reciben la mejor puntuación (3,8), aunque solo están presentes en poco más de la mitad (51,7 %) de los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer.
El CGPJ ha informado que estos datos permitirán “impulsar la adopción de medidas orientadas a remover los obstáculos que eventualmente puedan entorpecer la labor de los juzgados, y garantizar así una óptima respuesta institucional a las víctimas de violencia de género”.
