Catalunya deberá reducir sus emisiones de gases en el sector del transporte un 34% para el año 2030 (contando desde el 2023), para poder alinearse con los objetivos europeos en materia de acción climática.
Así se desprende de la planificación que aprobará el Govern este martes para dar cumplimiento a la ley de Cambio Climático (2017), que obligaba al Ejecutivo catalán a marcar las emisiones máximas quinquenales que pueden ser arrojadas a la atmósfera (presupuestos de carbono) con el fin de lograr una neutralidad climática a mitad de siglo.
El transporte (que claramente es el principal foco de gases invernadero en Catalunya) es al mismo tiempo la verdadera piedra en el zapato para que Catalunya acate los objetivos europeos trazados para el 2030. Los gases arrojados por este sector han aumentado continuamente desde 1990 (fecha de referencia), y ahora el camino es cuesta arriba.
El transporte arroja 13,149 millones de toneladas de CO2equivalente (datos del 2023), mientras que la meta comprometida para el 2030 es ahora una disminución de hasta 8,688 millones de toneladas anuales a finales de la década (ver gráfico).
Asignatura pendiente, el transporte
La consellera Sílvia Paneque, titular del Departament de Territorio, Habitatge i Transició Ecològica, admite que por todo ello es más necesario que nunca lograr que el 30% del transporte de mercancías se efectúe mediante el ferrocarril y dar salto a la electrificación de la flota de vehículos, tanto de los privados como del transporte interurbano, para lo cual aparecen como una oportunidad las nuevas concesiones públicas que se deben efectuar en el 2028.
Las ayudas al vehículo eléctrico, la ampliación de los puntos de recarga del coche eléctrico y los refuerzos de las redes de distribución de electricidad (“ya en marcha”) son acciones citadas también por Paneque.
La reducción necesaria de gases en el transporte sería del 19% si se compara con los datos de 1990.
La industria, segundo gran foco
El segundo gran foco para reducir emisiones es la industria, desbancada por el transporte en este ranking. Las actuaciones aquí vienen en gran parte dictadas por Europa, puesto que casi un centenar de empresas catalanas (las más intensivas en el uso de la energía) están sujetas al mercado de derechos de emisión; es decir, los topes para el CO2 que pueden arrojar a la atmósfera son dictados por la Comisión Europea. Las propias empresas (cementeras, refino, siderurgia...) son las principales interesadas en frenar sus emisiones y han activado las medidas (eficiencia, renovables...) ante el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y los altos precios de los carburantes.
Las industrias intensivas en el uso de energía han anunciado un proyecto de captura de almacenamiento de CO2, que estaría disponible antes del 2030, y por lo cual se ha contabilizado un recorte de un millón de toneladas al año. Y el resto de las industrias (las no sujetas al comercio de derechos de emisión) van a ser beneficiarias de créditos a bajo interés, sobre todo para las pymes, con una aportación de 120 millones de euros y la contribución de 10 millones del Fons Climàtic, entre otras medidas anunciadas.
El Govern prevé un recorte del 31% de emisiones considerando todos los sectores
Considerando todos los sectores de actividad, Catalunya deberá reducir un 31% sus emisiones de gases para el 2030 si se comparan con las del año 1990 y una cifra similar si se compara con las del año 2023 (últimos datos oficiales disponibles), pues las cifras totales de emisiones era prácticamente iguales en el 2023 que en 1990.
Sin embargo, el documento que aprobará este martes el Govern (que aún debe ser refrendado por el Parlament) queda bastante lejos de las metas mucho más ambiciosas que había propuesto el comité de expertos sobre cambio climático designado por el Parlament, que pidió un recorte de gases más pronunciado para el 2030, cifrado en un 42%.
Los expertos de este comité reclamaron que esa disminución de gases fuera mucho mayor sobre todo en los sectores de transporte y la industria; pero el Govern, tras un análisis de viabilidad, llega a la conclusión de que “una reducción de emisiones tan elevada y en un plazo tan corto podría poner en peligro la competitividad de algunos sectores”.
Una reducción de emisiones tan elevada como propone el comité de experto de cambio climático, y en un plazo tan corto, podría poner en peligro la competitividad de algunos sectores”
Las posiciones (entre Govern y expertos) se acercaron en cuanto a las propuestas referidas a las reducciones que se considera factible introducir en los ámbitos residencial (bombas de calor…) y residuos (captura de metano en los vertederos, para dar al biogás un uso energético, pues hay un plan al respecto). Pero han permanecido alejadas en cuanto a las posibilidades de que las explotaciones agrarias, y sobre todo ganaderas, pudieran alcanzar el umbral que reclaman los expertos (un 33% de recorte respecto a 1990 frente a un 19% al que se aviene la Administración).
“No es posible, por la diversidad de situaciones que presentan las explotaciones, llegar al nivel de reducción de gases que plantean los expertos. Las medidas quedarán para futuros quinquenios”, dice la consellera Paneque.
LV
Por otra parte, las emisiones de gases invernadero se redujeron en Cataluya en el año 2023 (últimos datos) un 5,5% respecto al año 2022, debido sobre todo a las mejoras (eficiencia, renovables...) introducidas en la industria. Otra razón es un descenso en el sector ganadero, donde se ha creado una veintena de instalaciones para tratar los desechos ganaderos, con el fin de aprovechar el biogás, según explicó Sonsoles Letang, directora general de Polítiques Ambientals.
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Presupuestos de carbono
Planificación con retraso
La consellera Paneque justifica que las reducciones de CO2 planificadas sean más moderadas que las que pide el comité de expertos designado por el Parlament. Estos consideraron anticipar al 2040 la meta de la neutralidad climática y fijaron metas más ambiciosas invocando criterios de “justicia climática” con las naciones en desarrollo. “Nos ajustamos a las políticas de la UE”, se alega.
Los presupuestos de carbono han sufrido continuos retrasos. La ley de Canvi Climàtic establecía que la planificación para los quinquenios 2021-2025 y 2026-2030 debía ser aprobada antes de diciembre del 2020. Pero las demoras impidieron fijar metas para el primer quinquenio. Ahora, el documento que se aprueba se refiere al periodo 2026-2030, pero no al 2031-2035, que se debió haber aprobado “como máximo el 31 de diciembre del 2023”. Y falta el trámite en el Parlament, donde se ha frenado un decreto clave para acelerar las renovables y demostrar la acción climática.
