La administración Trump está considerando la posibilidad de permitir que las personas con autismo soliciten compensaciones a través de un programa gubernamental de indemnización por daños de las vacunas, según un asesor, en un cambio que probablemente lo pondría en crisis.
El programa, llamado National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), protege a las farmacéuticas de la mayoría de demandas e incluye un fondo que indemniza a quienes sufren una reacción grave a una vacuna cubierta. Desde 1988 ha pagado unos 5.000 millones de dólares.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha criticado al programa por ser demasiado restrictivo y difícil de usar. En su cargo tiene la autoridad para modificar las condiciones por las que se pueden reclamar indemnizaciones, aunque el proceso tardaría meses.
“El MMR no causa autismo, el timerosal tampoco. No hay evidencia”, criticó Paul Offit, del Hospital Infantil de Filadelfia
Si avanza con los cambios, podría transformar radicalmente un sistema creado tras una oleada de demandas en los años 80 que llevó a fabricantes a retirar vacunas del mercado, generando desabastecimientos.
“Tenemos un equipo trabajando en ello”, dijo Andrew Downing, abogado especializado en estos casos y asesor de Kennedy. Refiriéndose a niños con autismo, agregó: “Tenemos que encontrar una forma de incluirlos”.
Kennedy ha estado obsesionado con la supuesta relación entre autismo y vacunas. Fue presidente de Children’s Health Defense, una organización antivacunas. Incluir el autismo en el VICP sería su último intento de vincularlo con las vacunas.
Expertos advierten que esto podría colapsar el programa, ya que el autismo afecta a 1 de cada 31 niños en EE. UU. y en los 2000 ya se presentaron más de 5.000 demandas similares, finalmente rechazadas por los tribunales. “El MMR no causa autismo, el timerosal tampoco. No hay evidencia”, criticó Paul Offit, investigador del Hospital Infantil de Filadelfia.
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Según asesores, en lugar de mencionar directamente el autismo, el HHS estudia ampliar síntomas relacionados, como trastornos neurológicos, para dar cabida indirecta a las reclamaciones. El programa se financia con un impuesto de 75 centavos de dólar por dosis de vacuna infantil y cubre gastos médicos, ingresos perdidos y hasta 250.000 dólares por daños morales.
Para algunos expertos, la ampliación beneficiaría a los fabricantes al reducir demandas directas. Pero otros alertan de que respaldar una idea ya desacreditada podría erosionar aún más la confianza en las vacunas.