El Gobierno da tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores al aborto
'De obligado cumplimiento'
Se ha enviado un requerimiento a las cuatro comunidades avisando que no tener este listado limita a las mujeres el acceso a un derecho fundamental
MADRID, 28/09/2025.- Concentración celebrada en Madrid, este domingo, bajo el lema 'Aborto libre para todas' frente al ministerio de Sanidad. EFE/ Víctor Lerena
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento formal a los presidentes y presidentas de cuatro comunidades autónomas para que adopten “con la mayor celeridad posible” todas las medidas oportunas para crear y regular el Registro de Personas objetoras que establece la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Las comunidades que han recibido el aviso son Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid.
Fuentes del Gobierno especifican en el texto facilitado a los medios de comunicación que si tres meses después de recibir el requerimiento no se ha creado y regulado dicho registro “se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”.
También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que este lunes en una entrevista en RNE que hay comunidades autónomas que “incumplen sistemáticamente” el derecho al aborto porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo.
Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español
“Se está requiriendo a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también los requisitos legales que permiten realizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías. Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español”, ha defendido Redondo.
La ministra ha destacado que son muchas las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo en la sanidad privada: “No se está cumpliendo la ley, esa es la dura realidad y hay muchas mujeres que tienen dificultades. (...) Se trata de homologar el derecho, de permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio”, ha añadido.
La Ley Orgánica 2/2010 obliga a las comunidades autónomas a crear un Registro de objetores en situaciones de aborto, algo que el Consejo Interterritorial aprobó en 2024 por unanimidad y “es de obligado cumplimiento”, especifican desde el Gobierno.
Fuentes del Gobierno avisan que no tener este registro “limita de facto” que las mujeres puedan tener acceso a un “derecho fundamental” que está reconocido por ley.
El viernes, antes de que se enviase este requerimiento por parte del Ejecutivo, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, señaló que “vamos a cumplir la ley”, pero recalcó que “no voy a permitir que se señale a nadie por la decisión de hacerlo o no hacerlo”.
La consejera madrileña explicó que hasta 2.600 mujeres procedentes de Castilla-La Mancha acudieron durante el pasado año para llevar a cabo un aborto en la Comunidad de Madrid. Matute comentó que publicar una lista de objetores “para lo único que sirve es para señalar”, por lo que incidió en que su obligación como consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid es “preservar los derechos de los profesionales sin que toquen un milímetro de sus derechos”.
Por último, abogó por elaborar una lista en la que los sanitarios que sí quieran practicar el aborto se apunten antes de los que se oponen. “Voy a preservar sus derechos” porque “no se trata de señalar ni demonizar”, concluyó.