El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que endurece los criterios para crear nuevas universidades después de que se hayan abierto centros que no cumplen los estándares mínimos del sistema universitario español. Especialmente, en tamaño, calidad de la docencia, producción científica y solvencia económica. “Este real decreto responde al compromiso del Gobierno para defender la calidad, la equidad y el prestigio del sistema universitario”, ha afirmado la ministra Diana Morant.
La finalidad es “proteger” la calidad del sistema actual integrado por 96 universidades (50 públicas y 46 privadas), según afirman fuentes del Ministerio de Ciencia y Universidades. Desde 1998, el número de centros privados se ha triplicado, con una oferta docente importante, de calidad cuestionable según los técnicos del ministerio y de escasa actividad científica. En este periodo, no se ha abierto ninguno público y los responsables lamentan la infrafinanciación que les lleva a cerrar plazas. “Y no paran de llegar nuevos proyectos”, ha sostenido Morant.
En el curso 2025-2026, se ha batido récord de estudiantes con 1,9 millones de estudiantes universitarios (21% más que hace 10 años) pero lo absorben prácticamente en exclusiva las universidades privadas. El 30% estudia ya en la privada. “Las universidades públicas no pueden abrir plazas por lo que las notas de corte son elevadas y se percibe a la universidad pública elitista”, ha explicado Morant por lo que ha aprovechado para instar a las comunidades autónomas a financiar de manera adecuada a las universidades .
Ya en el año 2021 se intentó regular la creación de universidades privadas, pero los sistemas para garantizar la calidad de los nuevos proyectos se han visto insuficientes por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace seis meses que se modificaría ese decreto con nuevas exigencias para frenar la apertura de “chiringuitos” que comparó a “máquinas expendedoras de títulos”.
Morant critica la última 'estocada' de Ayuso a las públicas
Morant se ha referido a la propuesta de ley de Ciencia y Universidades madrileña. “Siendo una de las autonomías que peor financia a sus universidades, 25 puntos por debajo de la media española, además pretende exigirles que capten esos fondos de manera externa”, ha considerado. La ley exige que capten el equivalente al 30% de su presupuesto en concursos competitivos externos. “Se trata de algunas de las mejores universidades de España y son absolutamente maltratadas”, ha clamado. “Es la última estocada del gobierno madrileño y son los ecos de lo que pasa con Trump en Estados Unidos y el maltrato a las universidades prestigiosas”.
La modificación ha llegado esta mañana y en la misma se refuerza el papel de las agencias de calidad como la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y las nueve agencias autonómicas (AQU en Catalunya). Serán las garantes, el primer filtro, de que los nuevos proyectos, así como las universidades creadas recientemente, cumplen con los criterios marcados. Tendrán en cuenta la calidad académica y de profesorado, las instalaciones adecuadas, así como las perspectivas de investigación.
Este documento vinculante es importante por cuanto se están aprobando universidades con informes desfavorables. Actualmente hay nueve campus situados en Madrid, Andalucía, Canarias y Extremadura.
El Gobierno afirma que todas las universidades públicas presenciales y virtuales aprobarían estas exigencias. Y las que ya están en funcionamiento probablemente pueden poner medidas para alcanzar estos criterios en los tres años que se da de plazo.
El control de las universidades online deja de ser de los gobiernos autonómicos, lo que ha generado críticas por parte de algunas autonomías
Después, el proyecto continúa camino del ministerio cuyos técnicos lo evaluarán con un informe obligatorio (revisarán la solvencia económica y la gestión) pero no decisivo y pasará a la Conferencia General Política Universitaria (CPGU). El CGPU es el órgano que garantiza la coherencia en todo el Estado sobre política universitaria y está compuesto por el ministerio y las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en educación.
Se regula también la creación de universidades online que se han extendido con menos control que las presenciales en los últimos años. El control deja de ser de los gobiernos autonómicos. Morant ha justificado este aspecto por su alcance a un estudiantado estatal. Esta cuestión ha generado críticas por parte de algunas autonomías, el visto bueno será del Parlamento español, a excepción de si ya están constituidas, son de financiación pública y si la mayoría de la titulaciones son en lengua cooficial (catalán, vasco, gallego).
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Con los ultimísimos cambios, que han recogido las “observaciones esenciales” del Consejo de Estado, el decreto modificado entrará en vigor 20 días después de que se publique en el BOE, probablemente a finales de octubre.
Las observaciones esenciales son tres. En primer lugar, se anula la necesidad de que la entidad promotora del campus tenga experiencia en la gestión universitaria. Será suficiente con que la tenga el equipo directivo que se nombre.
En segundo lugar, las nuevas titulaciones deberán pasar por la Conferencia General de Política Universitaria (CPU), pero su informe no será vinculante.
En tercer lugar, si una universidad instalada en una comunidad autónoma quiere abrir un centro adscrito en otra, debe conseguir la validación de los gobiernos de las dos autonomías implicadas. Es decir, no valdrá abrir un centro privado en una autonomía, con el visto bueno de ese gobierno, y extenderse a partir de ahí a otra (sin el visto bueno de ese gobierno). También es perceptivo el informe de la CPU, pero no será vinculante.
Básicamente, los criterios de constitución de nuevos centros son:
Tamaño
Los campus tendrán que alcanzar un volumen de 4.500 alumnos en seis años contando a partir del inicio de la actividad del centro. Se contemplan diferentes plazos de cumplimiento, mínimo de seis años, con posibilidad de extenderlo a dos más. Tres años si se han creado en los últimos ejercicios.
La agencias tienen un margen para, en determinadas circunstancias, rebajar ese criterio a 3.150 alumnos.
Oferta mínima de enseñanza
Otra de las claves del borrador es la oferta mínima de enseñanza que garantiza un modelo de universidad generalista: diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.
Profesorado
El ministerio estima que la plantilla debe situarse entre los 350 y 500 profesores como mínimo.
Investigación
Para evitar que las universidades sean centros únicamente docentes, se establece una dedicación del equivalente al 5% del presupuesto a investigación. Asimismo, el campus deberá captar financiación externa mediante concurso competitivos de un monto superior al 2% del presupuesto. Otro aspecto que refuerza el objetivo de la calidad científica es el número de doctores (han leído la tesis de investigación). El 50% de la plantilla debe tener esta consideración y de estos, en concreto, un 60% tiene que tener un sexenio de investigación.
Plazas alojamiento
En la memoria debe incluirse el compromiso de la universidad de garantizar en un plazo de tres años desde su funcionamiento plazas de alojamiento a un mínimo del 10% de estudiantes matriculados con “precios asequibles”, según fuentes del ministerio.
Solvencia financiera
Exigencia de un aval económico equivalente al presupuesto universitario correspondiente al tercer año de ejercicio.
El decreto también establece que los expedientes en proceso que aún no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) deban recibir una evaluación positiva de la ANECA o de la agencia de calidad autonómica para poder abrir.
Actualmente hay ocho proyectos de universidad que se verán afectados ya que todavía están pendientes del informe del Ministerio: tres en Aragón (Universidad Internacional de Aragón UNIAR, The Power University, Universidad NCI Aragón); dos en Extremadura (Universidad Europea de Extremadura, CEU Nuñez de Balboa); uno en Canarias (UDDI Universidad Digital); uno en Andalucía (Universidad Internacional de Estepona Antonio Guerrero) y uno en Asturias (Universidad Europea de Asturias).
