Más de la mitad de los directores de centros educativos públicos de Barcelona se reunieron ayer para compartir su preocupación por la forma en que se atiende los alumnos que requieren ayudas y una especial atención en el aula por sus características (discapacidad, trastornos) o su condición de pobreza. Se siente desbordados por el número de alumnos escolarizados con necesidades educativas especiales y por la falta de recursos para atenderlos correctamente. Además, consideran que no se les escucha ni se les reconoce el papel que ejercen. Y dan datos que requieren una reflexión: la mitad de escuelas no tienen aulas de acogida para alumnos inmigrantes que no conocen la lengua y el retraso en la valoración de alumnos con trastornos o discapacidad es altísimo: la cola en los diagnósticos se estima entre 6 y 10 por centro educativo.
El encuentro terminó con un comunicado en el que, pese al diagnóstico, tienden la mano a la administración: “hemos de remar juntos en la misma dirección o corremos el riesgo de hundir la nave”.
En el escrito, exigen que se les escuche más porque quieren ser “parte de la solución” y no meros gestores de un “sistema que a menudo nos desborda”. Así, a pesar de la complejidad creciente de los centros y de las responsabilidades que asumen, “nuestras necesidades y propuestas no son escuchadas”.
Esta es la primera vez que se celebra una reunión de directores sin la presencia del Consorci d’Educació. El propósito era compartir las preocupaciones y escribir un comunicado conjunto para llevarlo, la próxima semana, al Consorci d’Educació y al Departament d’Educació. A la reunión querían sumarse directores de fuera de Barcelona.
Previamente, habían contestado a una encuesta (unos 140 centros de la ciudad, casi la mitad) en la que se constataba de manera mayoritaria que los recursos destinados a los alumnos con necesidades especiales eran insuficientes y tampoco resultaba satisfactoria la dedicación de los equipos de psicopedagogos (EAP).
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En el comunicado exigen una mayor dotación de educadores y cuidadores (vetlladors) dentro del aula ordinaria, especialmente en centros de alta complejidad. Respecto a los equipos de psicopedagogos (EAP) piden revisar el modelo de funcionamiento, que no vayan de visita al centro, sino que su presencia sea estable y se coordinen con los tutores y docentes. También quieren una comunicación más fluida con los servicios de la administración.
Se ofrecen como “parte de la solución”, rehúsan ser solo gestores del sistema y piden más reconocimiento
En cuanto a la atención a los alumnos recién llegados de otros países consideran importante aumentar las aulas de acogida (la mitad de las escuelas no tienen) y recursos para el aprendizaje de la lengua y apoyo emocional.
Las direcciones apuntan que la demora en valorar a los niños con dificultades afecta directamente a su atención. Y el retraso es alto. Constatan que hay entre 6 y 10 alumnos por centro pendientes de pasar una valoración, y que en algunas escuelas se eleva a 20 alumnos.
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Continúa la excesiva concentración de alumnos con necesidades especiales en determinados centros, pese al pacto contra la segregación, lo que dificulta el aprendizaje.
Además de recursos y aulas de acogida, quieren tiempo para formarse y para coordinarse. Más horas para el coordinador de bienestar emocional y para el de digital.
También protestan por el recorte en el decreto de plantilles y la eliminación de perfiles singulares en los docentes lo que dificulta la continuidad de los proyectos educativos (no pueden, por ejemplo, seleccionar profesorado que domine el inglés, pese a que el proyecto educativo se centra en esta lengua).
Finalmente, reclaman poder ejercer el liderazgo pedagógico y mejorar sus condiciones laborales que compensen la tarea que realizan, incluidas las carga administrativas y burocráticas.
La mitad de los centros no tienen aulas de acogida y hay entre 6 y 10 niños pendientes de valoración
En concreto, estiman necesario revisar las condiciones laborales, aumentar las horas de coordinación, la incorporación de un gestor económico, simplificación de la burocratización y el reconocimiento social e institucional del papel de las direcciones.
