El Departament de Drets Socials publicó este jueves el informe definitivo de la auditoría, que encargó a la empresa Global & Local Audit, sobre el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (Sevap) durante los años 2023 y 2024 en el ámbito territorial de Girona y en la que se analizaron solo 60 expedientes. Y los resultados no son demasiado halagüeños. El informe concluye que el importe de los pagos satisfechos indebidamente correspondientes a los expedientes analizados ascendió a casi 170.000 euros (118.367 en el 2023 y 49.566 en el 2024), de ahí que afirme que los procedimientos seguidos “no garantizaron” que los pagos “dieran cumplimento a las normas y procedimientos que los regulan”.
Para empezar, los auditores señalan que los procesos seguidos por el Sevap (formado por la UTE Mercè Fontanilles-Fundació Resilis) y el gestor de las viviendas (Fundació Resilis) para el seguimiento y verificación de las condiciones para ser beneficiario de las prestaciones resultaron “ineficaces” porque se basaron, generalmente, en la información obtenida de la entrevista con la persona beneficiaria, sin que se comprobara documentalmente, salvo excepciones, sus manifestaciones.
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Dicha práctica comportó “que no se detectaran casos” en los que se daban motivos “de suspensión o extinción de la prestación”, otros en que se debieron aplicar “reducciones de las prestaciones” o que no se determinara el copago correcto que tenía que haber abonado el beneficiario.
Sobre este último apartado, la normativa fija que el extutelado, mediante copago, tiene que contribuir financieramente en función de su capacidad económica a la financiación del coste de la prestación, abonando 30 euros si sus ingresos se sitúan entre el 70% y el total del indicador de la renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) -717 euros en el 2023 y 755 en el 2024-; 57 euros si se alcanza el IRSC; 170 si se percibe 1,5 veces el IRSC; y 260 si se supera más de 1,5 veces el IRSC. Pues bien, los copagos requeridos de los expedientes revisados fueron, hasta el 31 de diciembre del 2024, inferiores en 10.903 euros de los que se derivan de aplicar los criterios que fija la normativa.
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En su análisis, el auditor recuerda que en el último cuatrimestre del 2022, la Dgaia externalizó el Sevap de Girona, siendo transferidos gradualmente desde ese momento y hasta los primeros meses del 2023 los expedientes para su gestión. Pues bien, en 29 de los 32 expedientes de la muestra revisada que se hallaban en esta situación, no constan las actuaciones de seguimiento y verificación que requiere la normativa, lo que provocó que en 16 de ellos los jóvenes incumplieran los requisitos para ser beneficiarios de la prestación, que debería haber sido suspendida o extinguida con anterioridad.
Ante estos hechos, el Departament anunció el inicio de una “revisión exhaustiva” de todos los expedientes de manera individualizada “para esclarecer el alcance y las responsabilidades que se puedan derivar”. Aseguró que ya hay un equipo trabajando en ello.
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Como anunció la consellera del ramo, Mònica Martínez Bravo, a partir del 1 de noviembre la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados pasará a depender de la dirección general de prestaciones sociales del Departament. Un cambio, dicen desde la Conselleria, que “permitirá verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos mediante la comprobación automática de datos administrativos, concretamente de actividad laboral, empadronamiento e ingresos”.
No obstante –y para garantizar el cumplimiento de los actuales requisitos de la prestación-, continuará siendo necesario, avisan desde el Departament, disponer de un equipo especializado que haga el seguimiento del plan de trabajo individualizado. De ahí que hayan prorrogado de manera administrativa -y pese a los resultados- el servicio del Sevap “hasta que se formalice una nueva contratación adaptada a las necesidades del nuevo servicio”. “Lo que tenemos claro es que los jóvenes vulnerables no deben de sufrir las consecuencias de las deficiencias en la gestión”, arguyó Martínez Bravo.
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El Departament las atribuye a la falta de personal y de herramientas de gestión eficientes, como un aplicativo informático, defectos a los que ya anunció que pondría remedio. Y todo en un contexto de crecimiento del número de extutelados, pasando de los 2.230 en el 2016, a los 6.451 en este 2025.
