El pleno del Parlament convalidó este miércoles el decreto del Govern que condona pagos indebidos, por error de la Administración o de las entidades encargadas de hacer el seguimiento, a jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La norma fue avalada por el PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, mientras que se opusieron a ella el PPC, Vox y el grupo mixto de Aliança Catalana.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, explicó durante el debate en el pleno que la que se ha adoptado es “la única medida” que el Govern podían tomar “con humanidad”.
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Argumentó que estos pagos indebidos son resultado de una falta de recursos de la administración combinada con el uso de un modelo de gestión obsoleto, a lo que ya se está poniendo remedio.
Los pagos ya no los gestiona la antigua Direcció General de Atenció a la Infància i l'Adolescència (la antigua Dgaia, hoy Dgppia), sino que lo hace la Direcció General de Prestacions Socials, un cambio que ya comenzó a acometer el Govern de ERC, indicó la consellera.
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Martínez Bravo subrayó que en el 85% de los casos estos pagos indebidos se deben a que los jóvenes que los percibieron habían encontrado un trabajo y por tanto debían dejar de percibir estos recursos.
La administración pública cuenta con esta información, sin embargo, no se identificó el pago indebido al no contemplar el procedimiento que usaban el cruce de ambos datos, lamentó la consellera.
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“No podemos hacer que esta situación la paguen los jóvenes más vulnerables”, defendió, un mensaje que lanzaron, en línea similar, los grupos que apoyaron el texto del decreto.
La condonación, con todo, no surtirá efecto cuando se haya constatado que la persona interesada facilitó información falsa o manifiestamente errónea para poder recibir la prestación, según fija el decreto.