El doble rasero de la reproducción asistida: por qué ellos pueden destruir su semen pero ellas sus óvulos no
Desigualdad legal
La congelación de óvulos se dispara en España pero la ley impide a las mujeres decidir libremente sobre esos gametos
Expertos de la Vall d'Hebron y del Clínic avisan: “La congelación de óvulos no sustituye la fertilidad”
Una bióloga analiza una muestra de óvulos para criopreservación en el laboratorio de Dexeus Mujer
La congelación de óvulos se ha convertido en los últimos años en una herramienta clave para que las mujeres ganen tiempo ante la maternidad. En una década, el número de las que preservan su fertilidad por si en un futuro, a edades más avanzadas, deciden ser madres se ha multiplicado por 66: de las 75 que lo hicieron en 2012 se ha pasado a 4.945 en 2022, último año del que ofrece datos la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).
A ellas se suman las que recurren a la criopreservación de gametos por razones médicas, antes de una cirugía o de un tratamiento que afectan a su fertilidad, cuyo número se han multiplicado por diez en ese periodo.
El resultado de esta mayor concienciación femenina a la hora de salvaguardar sus opciones de ser madres es que el número de óvulos que se vitrifica cada año en España se ha multiplicado por 22: de los 2.672 congelados en el año 2012 se ha pasado a 58.668 en 2022.
Y los especialistas en reproducción estiman que, por la realidad que viven en sus clínicas, en los tres últimos años esa cifra podría haberse doblado. “En los últimos 12 años (2012-2024) hemos tenido un crecimiento anual medio del 137%”, ejemplifica Montse Boada, responsable de la sección de Biología del Grupo Dexeus Mujer.
Si a esos ovocitos que las mujeres congelan pensando en usarlos ellas más adelante se suman los que otras donan para tratamientos de reproducción asistida, algunos especialistas estiman que puede haber más de 800.000 óvulos criopreservados en España.
Depósito de óvulos congelados en el laboratorio del Grupo Dexeus Mujer en Barcelona.
Y de la misma manera que para muchas mujeres son motivo de tranquilidad y esperanza cuando deciden congelarlos, se convierten en objeto de preocupación y disgusto para algunas cuando descubren que la ley no les concede el control total sobre esos óvulos.
Mientras que los hombres pueden destruir su semen cuando lo deseen, las mujeres no pueden decidir libremente sobre el destino de sus gametos. Aunque sepan que nunca usarán esos óvulos guardados porque ya han sido madres de modo natural o porque han elegido no tener hijos, no pueden pedir que los destruyan y están obligadas a seguir pagando por su conservación hasta que dos médicos independientes certifiquen que ya no están en condiciones de reproducirse.
La ley de reproducción asistida, que es de 2006, equipara erróneamente óvulo y embriones
Y esa asimetría legal, que afecta a miles de mujeres, suscita un debate sobre la autonomía reproductiva y el sesgo de género en la regulación de la fertilidad en España.
“El problema es que la ley española de reproducción humana asistida, que es de 2006, equiparó erróneamente óvulo y embriones y pone muchos requerimientos para dar salida a todo ese material reproductor, porque entonces no se criopreservaban óvulos más que de forma prácticamente experimental”, dice Boada.
Juanjo Espinós, presidente de la SEF, subraya que la legislación española es más proteccionista con los óvulos y embriones que con el embarazo. “Resulta que una mujer puede interrumpir el embarazo si lo desea pero no puede decidir cuando desestimar sus óvulos porque ya no los necesita; y eso, a parte de incongruente, supone una discriminación de género, porque las muestras de semen las puedes tirar a la papelera cuando quieras”, afirma.
Una mujer puede elegir interrumpir su embarazo pero no decidir cuándo desestimar sus óvulos
Las salidas que ofrece la ley cuando una mujer no quiere seguir conservando sus óvulos congelados ni usarlos para reproducirse son donarlos a otras parejas para uso reproductivo (cosa que obliga a hacerse pruebas para comprobar que se reúnen los estrictos requisitos genéticos y de salud que se exige a las donantes de óvulos), donarlos para investigación (siempre que el centro donde se conservan tenga un proyecto para ello) o esperar a que, por edad, dos médicos certifiquen que ya no está en condiciones de ser madre.
Entretanto, ha de seguir abonando el coste de mantenimiento de esos óvulos: entre 300 y 400 euros al año, según el centro. “Las hay que, cuando ya no los quieren, dejan de pagar, pero en los centros los seguimos guardando porque la ley no da la opción de destruirlos”, apunta Boada.
Recipiente de criopreservación de óvulos en el laboratorio Dexeus Mujer
Las sociedades científicas y los profesionales que se dedican a la criopreservación de óvulos hace tiempo que han mostrado su disconformidad con esta regulación y han trasladado la necesidad de modificar la ley a algunos grupos parlamentarios, “pero el clima de crispación y polarización política actual lo dificulta”, se lamenta el presidente de la SEF.
El Comité de Bioética de Catalunya, por su parte, ha elaborado un informe -ahora en estudio por parte de la Generalitat- en el que insta a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida -que depende del Ministerio de Sanidad-, a emitir una circular que reinterprete el artículo de la ley que establece esos requisitos tan restrictivos para los óvulos.
La Comisión Nacional de Reproducción podría hacer una circular técnica para reinterpretar la ley
“Cambiar la ley en la situación política actual es difícil, pero se podría hacer una circular técnica –como en su día se hizo para eliminar la autorización previa para la congelación de óvulos– para precisar que el apartado 4 del artículo 11 de la ley sólo hace referencia a los embriones y que el tratamiento de los ovocitos es el mismo que el del semen”, detalla Boada, que es miembro del Comité de Bioética de Catalunya. Otra opción, dice, sería incorporar una disposición final en cualquier otra ley que modifique el redactado de la ley de reproducción asistida.
Pero en el Centro Nacional de Reproducción Humana Asistida, no lo ven así. “Esta modificación se ha propuesto en varias ocasiones, pero siempre les hemos dicho que hay que cambiar la ley entera y no solo una parte porque también hay otros temas que se deberían revisar”, dice su portavoz.