Las sentencias de los tribunales españoles sobre las muertes causadas por el amianto no dejan de llegar (la última conocida por ahora, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), pero las ayudas estatales para compensar a este colectivo siguen en un limbo, sin beneficiar a prácticamente a nadie. Así lo reconocen los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, que denuncian “las condiciones injustamente restrictivas del reglamento de la ley”.
Estas dos centrales han firmando un comunicado conjunto con Fedavica, la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto. Su protesta ha coincidido con una reciente sentencia que da la razón a una viuda cuyo marido falleció por asbestosis a consecuencia del contacto con el amianto. En consecuencia, establecen los magistrados, esta señora tiene derecho a “una pensión de viudedad derivada de una enfermedad profesional”.
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A raíz de esta sentencia, la base reguladora de la pensión de viudedad de la reclamante se elevará de 1.448 a 1.775 euros. Su esposo, trabajador del grupo BSH, falleció en junio del 2009, con 59 años. BSH se dedica a comercializar electrodomésticos a través de marcas internacionales y nacionales muy conocidas, como Siemens, Bosch, Balay o Ufesa, entre otras. El operario tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta.
Dicha incapacidad se derivaba de “una enfermedad común”, según la Seguridad Social y el primer juez que se ocupó del caso. La viuda, sin embargo, no estaba de acuerdo y ha tenido que recorrer un largo camino judicial para hacer prevalecer sus razones. La sentencia que ha obtenido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra revoca una decisión anterior de un juzgado social y habla de “enfermedad profesional”.
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La sentencia reconoce que la asbestosis puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas son similares a “muchos tipos de enfermedades respiratorias”. Pero para la sala no hay duda de que esta fue la patología que acabó con la vida del trabajador, que se encargaba de descargar sacos de amianto en el almacén y llevarlos hasta el horno, “lo que determina la concurrencia de las exigencias legales y jurisprudenciales”.
Es decir, el tribunal no duda de que en esta situación estamos ante una enfermedad profesional. Otra de las labores del trabajador era reponer las botellas de gas butano y esta operación (que realizó durante media hora todos los días durante tres años”) se realizaba en una estancia contigua al depósito de amianto: “Las puertas de ambos locales se encontraban abiertas, sin compartimentos estancos”.
La nota de protesta
Precisamente para evitar calvarios judiciales como el que ha debido de padecer la familia de esta víctima el Gobierno aprobó un fondo estatal de ayuda a los perjudicados. El fondo llegó tarde y mal, según denuncian CC.OO., UGT y Fedavica, la voz de los afectados. Pero, además, el fondo se encuentra en la actualidad en una especie de limbo y las ayudas concedidas son escasísimas, según denuncian las tres organizaciones citadas.
La explicación es sencilla. “El reglamento aprobado por el Gobierno -sostienen los afectados y los sindicatos- solo permite tramitar las solicitudes de las personas afectadas que tengan reconocida una incapacidad permanente por contingencias profesionales”. El trabajador de BSH a cuya viuda acaba de dar la razón la justicia, por lo tanto, no tendría derecho a estas ayudas si todavía estuviera vivo y quisiera reclamarlas.
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“El ridículo que está haciendo el Gobierno es espantoso. La pena es que, como siempre, son las víctimas quienes pagan los platos rotos”, explica Jon García Arruabarrena, portavoz de Fedavica y activista incansable en defensa de los derechos de los afectados por el amianto. Las condiciones “injustamente restrictivas” del fondo también impiden que se tramiten ayudas para, por ejemplo, los afectados por exposiciones ambientales...
O, incluso, para los herederos de los fallecidos. Ello provoca “una inmensa frustración entre las víctimas, que habían depositado grandes expectativas en la aprobación del fondo”. Y los problemas no acaban ahí. El Ejecutivo, lamentan los sindicatos y Fedavica, prevé ayudas ridículas en comparación con la de países como Francia. Y ni siquiera invierte el dinero previsto. Se han ido así “por el desagüe” 100 millones de euros.
Se va a perder la mayor parte de la partida presupuestaria para las víctimas”
¿De dónde sale o debería salir ese dinero y por qué se pierde? A partir del 2022 se consignó una partida anual de 25 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para financiar el fondo de compensación. Ese dinero, dicen las organizaciones ya mencionadas, se volverá a perder por cuarta vez este año “por la racanería a la hora de regular el reglamento por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”.
Un ejemplo: sólo 16 trabajadores del País Vasco (junto a Catalunya, una de las comunidades más afectadas) han logrado acceder a las ayudas, lo que disuade a muchos afectados de usar esta vía y optan por la justicia (que tampoco es rápida ni uniforme a la hora de fijar indemnizaciones). El resultado, lamentan las asociaciones de víctimas, será que “en los próximos años seguiremos falleciendo sin indemnización”.
