En otro ángulo incómodo de la crisis de la vivienda hay ciudadanos a los que nadie quiere mirar. No son bancos ni fondos buitre, sino jubilados con una pensión ajustada que heredaron un piso y lo alquilaron para ir tirando. O esa pareja que compró un apartamento con sus ahorros para dejárselo a un hijo. Gente corriente que, por decreto, ha acabado sosteniendo a quien decidió no pagar más. Por necesidad, por cansancio o por picaresca. Da igual. La factura siempre llega al mismo buzón.
Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid.
En España, la moratoria antidesahucios para inquilinos vulnerables vence este 31 de diciembre. Quedan apenas dos semanas y, una vez más, todo depende de Junts. Desde el Gobierno aseguran que habrá una mayoría suficiente en el Congreso y que se cumplirá con todos.
Traducción: nadie quiere asumir el coste político de retirar una medida sensible que hace tiempo dejó de ser excepcional. Lo que nació como respuesta de emergencia durante la pandemia amenaza con consolidarse como parche permanente. Para convencer a Junts, el Ejecutivo ha recuperado un confuso aval por daños a la propiedad con requisitos tan excluyentes como el que ya aprobó en enero y nunca llegó a aplicar.
El Estado descarga su responsabilidad en el arrendador, a quien convierte en escudo social
El legislador lleva años mirando solo a los grandes tenedores, como si el resto no existiera. Pero el mercado del alquiler lo sostienen, en su mayoría, pequeños propietarios. Muchos con hipotecas que pagar. Otros para quienes el arrendamiento supone un ingreso esencial. Si hablas de ellos, caes en lo políticamente incorrecto en un país con una crisis habitacional galopante y con 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza. Así que se opta por el silencio o por la caricatura.
Una mujer lee las ofertas de compra-venta y alquiler de pisos que muestra una inmobiliaria de Barcelona
Las organizaciones que defienden la prórroga hablan de 60.000 inquilinos vulnerables que podrían verse afectados si se levanta la moratoria. El resultado práctico de estos cinco años de escudo social ha sido la suspensión casi total de desahucios por impago, por fin de contrato y también por ocupaciones. Sin matices. Sin análisis caso a caso. Sin una supervisión pública efectiva.
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Los servicios sociales declaran la vulnerabilidad, pero no ofrecen alternativa. No hay vivienda pública, ni la habrá suficiente en años al ritmo que crece la pobreza. Un bucle. El Estado se aparta y descarga su responsabilidad en el pequeño propietario. Él pone el techo, paga los gastos, repara los destrozos y espera. A veces durante años. Y cuando cree ver la salida, llega otra prórroga. Lo llaman protección social cuando en realidad es una carga sin plazo. ¿Quién querrá alquilar sin la seguridad, no ya de cobrar, sino de recuperar su casa?
Ninguna Administración habla de compensaciones reales ni límites claros. Nadie quiere admitir que el derecho a una vivienda digna no puede sostenerse indefinidamente sobre el derecho de propiedad de otro ciudadano. Esa es la cuestión que seguimos evitando. Incómoda, sí. Pero imprescindible.
