La empresa estatal de vivienda, bautizada como Casa 47, es la última iniciativa del Gobierno para crear un gran parque público de inmuebles destinados al alquiler para afrontar uno de los principales problemas que castigan a la sociedad española, como es el acceso a una residencia digna. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, (Abenójar, Ciudad Real, 1981) explica en esta entrevista en Guyana Guardian los detalles de esta compañía pública, desvela la inversión que supondrá, 1.300 millones por año a partir del 2026, lo que suma un total de 13.000 millones en una década, y aporta aspectos tan prácticos como el precio que tendrán estos alquileres en ciudades tan tensionadas como Barcelona y Madrid. Una nueva iniciativa mientras otras, como las reformas del alquiler turístico y el de temporada siguen encalladas en el Congreso.
Rodríguez defiende la política de su ministerio situándola como la opuesta al modelo que simboliza el de la Comunidad de Madrid, el del mercado salvaje.
Inversión en Casa 47
Serán 1.300 millones por año durante una década, empezando por el 2026”
¿A qué perfil va dirigido la oferta de la empresa estatal de vivienda?
A las personas. El objetivo es que esta infraestructura pública garantice el derecho de acceso a la vivienda protegiendo el parque público de vivienda, que lo garantice con la tranquilidad de las personas que viven de alquiler y que lo garantice con asequibilidad, es decir cuánto vamos a tener que destinar de nuestros salarios a pagar la renta. Y que lo pagamos durante toda nuestra vida, con contratos de hasta 75 años de duración. Esto supone prácticamente poder alquilar durante toda la vida estas viviendas públicas.
Es un cambio absoluto de paradigma de cómo se han venido gestionando las políticas públicas hasta ahora en nuestro país. Estos días estamos viendo cómo la infraestructura más valorada por los españoles, el sistema público de sanidad, se está poniendo en riesgo y convirtiendo en un negocio. Lo estamos viendo hoy en Madrid y lo veíamos hace unos días en Andalucía con las mamografías. Nuestro modelo es el contrario. Lo que antes era un negocio, ahora pasa a convertirse en un derecho con una infraestructura pública que lo garantiza.
Alquiler de 80 m2
“En Barcelona bajará un 50%, hasta 713 euros y en Madrid un 38% hasta 735 euros”
Pueden optar hogares con rentas de hasta 63.000 euros. ¿No es un límite muy alto?
Serían rentas familiares. Puede ser una pareja con ingresos de 30. 000 euros cada uno. Se trata de llegar a la clase media. El problema no afecta solo a las personas vulnerables, sino que está afectando a la clase media y trabajadora de nuestro país y también a la juventud española. El drama es que teniendo un empleo estable y un salario digno, uno no pueda pagar el alquiler o el alquiler se coma el salario. Esto es lo que viene a cambiar la empresa pública. Con estos requisitos económicos, podrán optar a estas viviendas el 60% de la población española. ¿Eso implica que no se atiende a las personas vulnerables? En absoluto. A las personas vulnerables se las ha de atender en lo que respecta a su acceso a la vivienda, pero no solo. Necesitan también de un sistema de protección social que le acompañen en la educación sus hijos, que les tutoricen la búsqueda de empleo... En definitiva, que actúen también los servicios sociales de las comunidades autónomas y, desde luego, las políticas sociales de vivienda.
¿Cuál es la inversión prevista para crear este parque público de vivienda?
Vamos a inyectar recursos por todos los frentes, triplicando el Plan Estatal de Vivienda hasta 7.000 millones, que fue objeto de la conferencia de presidentes que celebramos en Barcelona. Lo vamos a hacer apoyando directamente al sector de la construcción, con 1.300 millones de euros del Perte de la industrialización. Y lo vamos a hacer directamente con la empresa estatal. Con esta entidad queremos demostrar que es posible y que es rentable socialmente y viable económicamente gestionar un parque público de vivienda en términos de asequibilidad. Para ello, hemos previsto una inversión anual de 1.300 millones en la próxima década, con lo cual estaríamos hablando de 13.000 millones para los próximos diez años mínimo de aporte. Una vez alcancemos ese hito de la primera década, con la gestión de estos alquileres la empresa tendría que resultar viable económicamente sin necesidad de más aportación pública.
Autonomía en 10 años
Después de una década el parque público ya mantendrá su viabilidad económica”
¿Serán 1.300 millones ya en el 2026?
Sí, ya están consignados, no hay problema con los presupuestos prorrogados, los tenemos ubicados para que la empresa pueda contar con estos recursos al arrancar el 2026.
¿Y después de 10 años, la empresa será financieramente autónoma?
Sí, calculamos que con el patrimonio que va a gestionar y con lo que ingresará de estos alquileres asequibles podría mantener su viabilidad económica. Estos 13.000 millones en 10 años son para redimensionar el parque, pero no nacemos con las manos vacías.
Plan estatal de vivienda
“Salvo que haya llamada de Génova, lo razonable es que las comunidades del PP digan que sí”
¿Cuál sería el parque que tendría la empresa pública?
Esta empresa ya tiene un patrimonio importante. Ha sido no solamente una recuperación patrimonial sino también de dignidad de país, el haber traído estas viviendas que fueron rescatadas para los bancos a la ciudadanía. Implica que ya tenemos 40.000 viviendas para poder poner a disposición de forma inminente, con esos 2.400 suelos que nos van a permitir construir 55.000 viviendas, más otras promociones de Defensa, Interior o Hacienda, que también están empezando a tramitarse. Este año hemos licitado ya 1.600 viviendas. Y en las próximas semanas vamos a comenzar un proceso de licitación de compra pública con 100 millones de euros para seguir incorporando viviendas que puedan ser puestas a disposición de manera inmediata.
¿Esas 40.000 viviendas están disponibles ya para entrar?
No todas están en las mismas circunstancias. Hay viviendas que, antes incluso de la conformación formal de la entidad, ya hemos puesto a disposición de la gente. Son las viviendas que hemos habilitado en las zonas afectadas por la dana en Valencia. En torno a 200 familias están viviendo en ellas. Hay algunas que van a ser puestas a disposición en el primer trimestre del año y el resto dependerán de la adecuación que requieran. Algunas requieren obras, otros tratamientos más ligeros de pintura, de reformas menores.
El apoyo de Junts
Tienen que pensar en los catalanes que sufren fraude y abusos, no en el Gobierno”
La web para contratar estas viviendas públicas estará habilitada en 2026.
Sí, vamos a incorporar también a este sistema el portal web, que va a aportar transparencia y también dignidad en la forma de acceso. Es decir, tú vas a entrar a contratar la vivienda viendo sus características y su ubicación. Será un canal transparente. Hasta ahora, en ocasiones, el propio sistema de elección de los beneficiarios ha traído problemas o incluso falsos mitos de cómo se gestionaban estas viviendas. Aportar transparencia a través del portal va a ser también un indicativo de calidad de la empresa.
Con la limitación de los alquileres al 30% de la renta, ¿cómo quedarían los precios en Barcelona y Madrid?
En Barcelona supondría bajar los precios a la mitad de la media de los precios, con un alquiler que rondaría los 713 euros para una vivienda de 70-80 metros cuadrados. En Madrid, el precio se reduciría un 38% hasta los 735 euros por el mismo tipo de vivienda.
Moratoria desahucios
“Nuestra voluntad es que se de continuidad a este escudo social”
¿Cómo es la colaboración con las comunidades autónomas?
Hay comunidades que, como Catalunya, ya se han interesado por esa fórmula de colaboración. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todas, eso sí, preservando ese carácter de blindaje del parque público. Es decir, ¿cuál es la gran debilidad de España con respecto a los países de nuestro entorno? Que no contamos con esa infraestructura. Estamos decididos a montar esta infraestructura y a blindarla para siempre.
Hay otros proyectos paralizados en el Parlamento, como la ley de alquiler de temporada. ¿Va a seguir encallada?
Yo espero que no. Es una ley necesaria que viene a perseguir el fraude en los contratos de temporada. Nosotros la estamos apoyando y reclamo a la mayoría de los grupos políticos que intentemos llegar a acuerdos. La ciudadanía nos está reclamando a todas las fuerzas políticas y a todas las administraciones públicas un pacto. Yo espero que al inicio del año, la ponencia y la comisión de Vivienda sean capaz de llegar a ese consenso.
Grupo de trabajo
“Hay que limitar la compra de vivienda con finalidades especulativas”
¿Van a convencer a Junts de que le dé su apoyo a esta ley?
El planteamiento que tiene que hacerse Junts no es el de conceder o no apoyo al Gobierno o a los grupos que los representamos, sino dar respuesta o no a los catalanes que hoy sufren ese problema de fraude en los alojamientos de temporada o de abusos como consecuencia de la falta de garantías en ese tipo de contratos. Son en ellos en quienes tiene que pensar y no en el Gobierno.
Las organizaciones sociales piden que se amplíe la moratoria antidesahuicio. ¿Se prorrogará antes de fin de año?
Nuestra voluntad es que se pueda dar continuidad a este escudo social. Han ido cambiando las circunstancias, pero lo que no ha mejorado es la situación de crisis que se vive en torno al alquiler. Ese escudo tendría que quedar ahí para proteger a las personas más vulnerables que necesitan un techo y mucho más. Necesitan atención por parte de los servicios sociales, necesitan una atención integral, pero sin duda también necesitan de esa protección.
En vivienda y en sanidad
“Lo que antes era un negocio, ahora pasa a convertirse en un derecho”
¿El Plan de Vivienda 2026-2030 irá al Consejo de Ministros antes de final de año?
Seguramente vaya ya en enero, precisamente en aras a ese acuerdo que nos demanda la ciudadanía y que me expresaron las comunidades autónomas. Nos hemos dado unas semanas para ahondar con ellas en esa búsqueda de matices del acuerdo, con reuniones tanto multilaterales como bilaterales.
¿Han conseguido el apoyo de alguna comunidad del PP?
Están tímidas, pero entiendo que sí. Si han participado del debate, si hemos incorporado sus propuestas, salvo que reciban una llamada de Génova, lo razonable es que digan sí a un plan que ha contado con ellas, que va a mejorar la financiación para sus territorios y que va a garantizar el derecho de acceso a la gente que hoy sufre el problema de la vivienda en estas comunidades autónomas.
No me diga que Madrid está tímida.
Bueno, es que Madrid es la cúspide del modelo que nosotros combatimos, en vivienda o en sanidad, que es el mercado salvaje, el beneficio para unos pocos y el olvidarnos de la gente. Y la prioridad de nuestras políticas son las personas. Aquí hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en lugar de pensar en los cientos de madrileños que no duermen porque no encuentran un alquiler o porque cumple su contrato el mes que viene, ella se va a pedir a inversores extranjeros que vengan a España, a Madrid, en este caso, a comprarse las viviendas, dos, tres, cuatro o el bloque entero. Y yo creo que esa es la dirección contraria. Lo que hay que hacer en Madrid es tomar decisiones como las que ya hoy permite la legislación española para limitar las subidas de precios de alquiler.
Han anunciado muchas medidas sobre la vivienda, han aprobado algunas, pero la percepción en la calle es que no llegan los resultados. ¿Está fracasando la política de vivienda del Gobierno?
Es cierto que esta es una política lenta y quien le diga lo contrario a los ciudadanos o le ofrezca varitas mágicas, les está engañando. Es una política compleja, lenta, pero lo que sí podemos trasladarle a la ciudadanía es que estamos determinados a resolver este problema y que estamos yendo en la dirección correcta. La dirección correcta es vivienda pública, regular cuando hay abusos, ya sea de temporada, pisos turísticos o límite de precios de alquiler, como se está produciendo en Catalunya, y dar ayudas, entre tanto, a las personas que más lo necesiten.
La dirección no correcta es llamar a inversores a comprarse las ciudades por barrios, privando a los residentes de poder acceder a esas viviendas. La dirección no correcta es la de no intervenir el mercado del alquiler, dejando que se esté comiendo las rentas de las personas que necesitan vivir de alquiler.
En Catalunya hay un grupo de trabajo entre el Gobierno y Comuns para estudiar la posibilidad de prohibir la compra de vivienda que no sea para uso propio ¿Esto encaja dentro de la legalidad?
Lo que a nuestro juicio hay que limitar es la compra de vivienda que tenga finalidades especulativas; es decir, que no se vaya a usar para que viva nadie. La fórmula sobre cómo hacerlo es lo que estamos estudiando los distintos gobiernos: Catalunya con ese grupo que menciona, las Islas Canarias en base a su carácter ultraperiférico, el ministerio y también la UE. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está liderando de nuevo un debate necesario en Europa, esta vez para garantizar el derecho a la vivienda. Propuso que desde Europa se articulen medidas legales para poner freno a la compra inmobiliaria para uso no residencial.
¿Reconocen desde el Gobierno los incumplimientos con Junts y se comprometen a corregirlos?
Así lo ha hecho el Presidente esta semana. Y yo creo que aquí lo importante es que este Gobierno es bueno para Catalunya, para los catalanes en todos los ámbitos, en el modelo industrial, en el modelo económico, pero también de apoyo a la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno de vivienda pública en Catalunya. Y a mí me gustaría poder seguir colaborando con Catalunya para dar respuesta a los catalanes y catalanas que sufren un problema de acceso a la vivienda. Y creo que eso no lo da la alternativa a este Gobierno, que es el Partido Popular y Vox.
¿Temen en el PSOE que el caso Salazar provoque pérdida de confianza del electorado femenino?
Ese tipo de actitudes machistas no caben en el ideario del Partido Socialista y confío en que vamos a dar respuesta que ha de ser rápida y eficaz, porque realmente nuestra historia, nuestro bagaje y nuestro legado es el legado de los avances en derechos de igualdad de las mujeres.
