Un 'supermercado' flotante con diez toneladas de cocaína “listas para llevar”

La mañana del pasado 6 de enero, mientras el país se despertaba con la emoción de abrir regalos, la Policía Nacional detectó cómo una decena de narcolanchas habían zarpado desde la costa de Huelva con un rumbo que hacía pensar que se dirigían hacía el United S, un carguero oxidado con bandera de Camerum, que navegaba por el Atlántico procedente de Brasil. Los investigadores, que llevaban medio año detrás de la compra de droga que una organización criminal de Europa del Este había realizado a otra banda de Colombia, decidieron abordar el buque a unos 535 kilómetros al oeste de la isla de El Hierro ante el temor de que las embarcaciones de alta velocidad llegasen al supermercado flotante en el que recoger su pedido.

Los agentes del grupo especial de operaciones (GEO) lo asaltaron, encontrando en el puente de mando, el lugar desde donde se gobierna la nave, una tonelada de cocaína. Eran 37 fardos listos para llevar. La operación policial parecía un éxito, pero la sorpresa vino más tarde. Tras ser remolcado al puerto de Santa Cruz de Tenerife –con sus 13 tripulantes detenidos–, en una de las bodegas, entre una montaña de sal, se encontraron otros 257 fardos. Diez toneladas, el mayor alijo de cocaína intervenido en alta mar, entre otras 20 toneladas de sal.

No es la primera vez que el United S está en el centro de una operación antidroga. En 2013, con el nombre de Moon Light, de bandera de Sierra Leona, fue interceptado próximo a la isla de Alborán (al sureste de Almería) con 18 toneladas de hachís. En aquellos años, los cuerpos policiales se enfrentaban a las complicaciones de la aplicación de la nueva ley de justicia universal, que estaba echando por tierra operaciones en aguas internacionales. El Pleno de la Audiencia Nacional puso en libertad a los siete marineros sirios apresados y sacó a subasta el pesquero, que acabó adjudicado por 175.000 euros. Construido en astilleros de Dinamarca en 1975, se utilizaba para el transporte de productos a granel, habitualmente, en el mar Mediterráneo.

A mediados de diciembre se detectó un “sospechoso movimiento”, según fuentes policiales. Una parada poco habitual en Trípoli (Libia), que los investigadores la enmarcan en un posible abastecimiento de combustible y víveres para una larga travesía. Entonces el United S cruzó el estrecho de Gibraltar rumbo a Latinoamérica. Los últimos datos abiertos de información marítima, que se recopilan gracias a las frecuencias de radio de las embarcaciones, situaron al carguero cerca de Fortaleza, en el noreste de Brasil. Los expertos en la lucha contra la droga explican que la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las costas próximas a Venezuela está provocando un efecto globo, expandiendo los cargamentos de cocaína colombiana –que es trasladada por selva y jungla– hacia Ecuador y Brasil. Y de ahí, medio mes para cruzar el charco.

El día de Reyes que se llevó a cabo la operación Marea Blanca –por la ingente cantidad de cocaína hallada–, la Policía Nacional tuvo que recurrir a la Armada para abordar el United S, además de compañeros norteamericanos, brasileños y británicos. En dirección a tierra firme, donde llegó el pasado día 11, la embarcación tuvo que ser remolcada hasta el archipiélago canario después de que se quedase sin combustible, permaneciendo al pairo durante casi 12 horas.

Según fuentes policiales presentes en el registro que se realizó en el puerto, en la bodega de la proa se encontró una gran mole de sal, firme, sin indicios de manipulación. Pero en el otro, que estaba conectado con el primero, los agentes se percataron de que el montón de sal parecía una montaña, como si hubiese sido removida para ocultar algo. Y tanto. Con palas, una veintena de policías empezó a escarbar entre la sal hasta que dieron con los primeros fardos, que fueron sacados a la superficie para su peso y enumeración. Uno, dos, tres… doscientos noventa y cuatro. De entre 30 y 35 kilos cada uno. Las diez toneladas intervenidas podrían tener un coste mínimo de 200 millones de euros en el mercado.

El comisario Alberto Morales, al frente de la investigación, explica que el modus operandi, que se vio truncado por el golpe policial, consistía en ir distribuyendo en marcha todo el alijo. Para despistar a la policía, estos buques no paran cuando las narcolanchas se acercan a ellos para recoger su mercancía. Todo se hace en movimiento. Prueba de esa sincronización, también para agilizar la logística, es que 220 de los fardos intervenidos tenían logos y colores distintos, que pertenecen a las terceras organizaciones que se acercan a recogerlos.

Todas las entregas se hacen en alta mar, siempre antes de volver a cruzar el Estrecho de Gibraltar con la apariencia de que el carguero vuelve a su puerto para descargar los productos. Las lanchas rápidas se ocupan de llevar sus fardos a las guarderías, donde se esconde la droga, de la costa de Huelva o Cádiz. Allí permanece la cocaína hasta que “se enfría”, tal y como se refieren a cuando es seguro su transporte, ya por vía terrestre a lo largo y ancho de la Península. No obstante, se sospecha que tal cantidad de cocaína no puede ser consumida por el mercado español, por lo que, muy probablemente, podría tener como destino el resto de Europa.

La operación Marea Blanca se saldó con 13 detenidos, aunque tal y como se desprende de los autos de prisión emitidos por la Audiencia Nacional, no todos ellos tenían el mismo grado de participación. Un ciudadano serbio y otro húngaro serían dos notarios de la organización investigada: su labor era controlar los movimientos del alijo, una vez que se comprobaron que la red que les vendió la droga había cumplido con lo pactado. También tenían el cometido de supervisar el resto de repartos que se irían haciendo, si el buque no hubiese sido interceptado. Otros cuatro arrestados, de origen turco, serían transportistas. Los seis han sido enviados a prisión provisional sin fianza en el marco de la causa por delitos contra la salud pública por tráfico de sustancias que causan daño a la salud, en modalidad de extrema gravedad.

El magistrado instructor, José Luis Calama, decretó la libertad con medidas cautelares para los otros siete detenidos, marineros indios, al considerar que existen indicios de que fueron coaccionados con un arma para que cargaran la droga en el interior de la embarcación. La Agencia Efe pudo hablar esta semana con uno de ellos, Amit Gudrel, en Santa Cruz de Tenerife, quien explicó que tanto él como sus compañeros duermen en la calle, sin tener dinero ni pasaporte –retirado por el juez– después de que la compañía responsable del buque les deba cinco meses de sueldo, unos 400 dólares.

Gudrel asegura que eran simples marineros, que cargaron la mercancía pensando que era pescado. Salado.

Joaquín Vera Romero

Periodista especializado en información de Interior, Seguridad y Terrorismo

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Redactor de la sección de Política de Guyana Guardian. A cargo de la información de Interior y Defensa, con el foco en la Seguridad y el Terrorismo